En el foro en Defensa de la Tierra, el Agua, el Territorio y los Derechos Humanos que se realizó este fin de semana en el municipio de San Gabriel Chilac se exigió la cancelación de las concesiones mineras en Puebla y los llamados “proyectos de muerte”.
Asimismo, se pidió que se lleven a cabo las consultas previas, libres e informadas que ha prometido la Semarnat y que solo se ha quedado en una promesa, porque “la consulta se hace cuando ya están aprobados los proyectos”.
Los ponentes convocados por la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN) coincidieron que se debe hacer una nueva legislación para garantizar la consulta que permita a las comunidades indígenas decidir sobre el uso de su territorio.
El activista Gerardo Pérez Muñoz, quien participó en este foro, recordó que se tienen contabilizados alrededor de 484 proyectos considerados “de muerte”, los cuales han desatado una serie de conflictos sociales y ambientales en las comunidades, principalmente por el agua, pues se estima que ocuparán 6 millones 200 mil metros cúbicos diarios.
Explicó que se consideran proyectos de muerte a las mineras a cielo abierto y a los pozos de explotación de fracking, así como hidroeléctricas y los gasoductos que no son consensados con la comunidad.
Condenan asesinato de Meztli Sarabia
Por su parte, José Luis Leyva, dirigente de esta organización, condenó el asesinato de Meztli Sarabia Reyna, hija del asesor general de la “28 de Octubre”, Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, y exigió justicia por este hecho.
“Simitrio es el ícono de la lucha social en el estado de Puebla, por tener más de 35 años de resistencia, de los cuales 17 años ha estado en la cárcel”, pronunció.
En el foro también se pronunciaron en contra de la privatización del agua que –aseguraron– se pretende realizar no solo en la zona conurbada de Puebla, sino en el interior del estado.
Contra gasoducto Tuxpan-Tula
Por otro lado y a través de un boletín de prensa, la CNPA MN reiteró que se opone a la instalación del gasoducto Tuxpan–Tula en las comunidades de Pahuatlán, Honey y Tlacuilotepec.
Aseguró que se busca de manera “ventajosa” imponer dicha obra. “Las autoridades municipales insisten en que si no vendemos nuestras tierras, de todos modos el gasoducto va a pasar, porque ya son acuerdos entre el gobierno federal y las empresas extranjeras”.
Además, indicó, para convencer a las comunidades, previamente se lleva a los presidentes auxiliares de la región a observar la tubería ya instalada en los estados de Veracruz y Tamaulipas, mostrándoles casas que están a menos de 50 metros de la tubería como prueba de que no habrá mayores afectaciones para los habitantes ni riesgos durante la operación del gasoducto.
Y es que agregaron que “detrás de este proyecto vienen las minas a cielo abierto, la fracturación hidráulica, la privatización del agua, la instalación de hidroeléctricas, el robo de nuestros saberes tradicionales, , de nuestras semillas y plantas, de nuestro clima y hasta de nuestra identidad cultural”.
Por lo que “habrá escasez de agua, contaminación y entubamiento de los ríos, el desplazamiento de miles de personas, la devastación ambiental”, concluyeron.
