El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, afirmó que en el robo de documentos que sufrió la universidad la semana pasada estuvo involucrado personal de la institución, ya que las puertas de la bodega no fueron alteradas, sino que abrieron con llaves.
Explicó que los elementos de seguridad privada que resguardan la bodega no actuaron precisamente porque quienes sustrajeron los papeles eran personas “conocidas”, que ingresaban constantemente al lugar.
Entrevistado luego de participar en la presentación del congreso Smart City, aclaró que el inmueble –ubicado en San Felipe Hueyotlipan– no pertenece a la máxima casa de estudios, sino que era rentado.
Detalló que el sitio además alberga oficinas y bodegas que son utilizadas por otras empresas, por lo que el hurto pasó desapercibido al ser realizado por personal de la BUAP.
Para no entorpecer las investigaciones, se reservó señalar el área que podría estar involucrada y reiteró que ya hay varios sospechosos, pues se tiene pleno conocimiento de quiénes ingresaban a la bodega.
Robaron información del ejercicio 2015
Esparza Ortiz aseguró “desconocer” el posible objetivo del robo, ya que la información que se llevaron ya fue revisada y avalada por autoridades de la institución y de los tres órdenes de gobierno.
Agregó que la mayoría de papelería que se sustrajo es sobre el ejercicio 2015, el cual fue revisado y aprobado por las Contralorías de la BUAP, municipal y estatal, así como por la Auditoría Superior del estado (ASE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Por eso, aseguró que “le interesa mucho” saber con qué fin se robó la documentación, por cierto considerable en cantidad, pues fue trasladada en un camión de carga.
Respecto a ello, se le inquirió sobre el dueño del vehículo, ya que las cámaras de seguridad que captaron la matrícula, a lo que Esparza Ortiz afirmó que las autoridades aún no dan con él y se sabe del recorrido, por lo que se sabe dónde se guardaron los papeles hurtados.
El robo ocurrió la tarde del 15 de junio, por lo que la BUAP presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de sustracción ilegal de información oficial.
