Pobladores de Ixtacamaxtitlán acusaron que la Conagua, Semarnat, Profepa y la Secretaría de Economía (SE) “se pasan la bolita” para no vigilar los trabajos que realizan empresas mineras, pese a que cometen abusos hasta con el gobierno mexicano al demandarlo.
Durante un foro realizado en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP, Alejandro Marreros Lobato, miembro de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida que se opone a la instalación de la mina Almaden Minerals en Ixtacamaxtitlán, indicó que las dependencias señalan que la situación no les compete.
“Las autoridades se lavan las manos”, aprovechándose de una debilidad institucional, por lo que exigió una revisión a la legislación en este tema.
Primero, la SE no toma en cuenta si en el territorio que concesionan está habitado, por lo que no se consideran los derechos humanos, además de que hace manuales para “convencer y engañar” a la gente para que acepte su instalación.
En tanto, la Comisión Nacional de Agua (Conagua) hace revisiones a modo y señala que la empresa no ha perforada pozos, pese a las evidencias de los pobladores.
Profepa evade
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dice que ya no puede actuar porque está parado el proyecto minero, mientras que la empresa sigue avanzando en las obras.
Mientras que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señala que el proyecto no avanzará, pero al mismo tiempo autoriza informes preventivos para la exploración y le omite detalles importantes a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) de este proyecto minero, Patricia Legarreta y Mina Lorena Navarro, señalaron las irregularidades en las que incurre la minera canadiense y tampoco la CNDH ha emitido ninguna observación, por lo que exigieron que retome el tema.
Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que los informes deben ser revisados por la Profepa, por lo que se le delegó el caso.
Es de señalar que la Profepa investiga a la minera debido a la denuncia interpuesta por la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, pues los canadienses realizaron más barrenos de los autorizados.
Almaden demanda a gobierno mexicano
Durante la presentación de la evaluación se dijo que el 90 por ciento de los habitantes de Ixtacamaxtitlán desconoce los efectos positivos del proyecto minero y el 50 por ciento no saben de los posibles riesgos.
Además, Almaden Minerals demandó al gobierno mexicano porque no quiere pagar impuestos causados por la actividad minera, así como porque no quiere realizar consultas con la población para la aprobación de sus proyectos.
Añadieron que a las autoridades les interesa garantizar los negocios de empresas como Almaden, sin importarles los daños que puedan causar y prueba de ello –puntualizaron— es que de 2001 a 2015 la inversión del gobierno para proyectos mineros pasó de 7 mil millones de pesos a 80 mil millones, lo que representó un aumento de más del mil por ciento.
Indicaron que la empresa canadiense asegura que el proyecto está reportando más ganancias que las proyectadas, cuando ni se ha iniciado, por lo que “está mintiéndole a los inversionistas”.
Concluyeron que se oponen a las políticas implementadas por “el grupo en el poder” que promueve el desarrollo económico en el país mediante la inversión de capitales extranjeros que explotan los recursos naturales, pues argumentaron que las comunidades han iniciado con actividades productivas que requieren ser apoyadas para mejorar su calidad de vida.
Cabe mencionar que ha trascendido que entre los inversionistas de la minera se encuentran el primer ministro de Canadá Justin Trudeau y el presidente de Estados Unidos Donald Trump, por lo que en los países vecinos del norte, sobre todo en el país de la hoja del maple, no se habla del tema.
