La empresa canadiense Almanden Minerals anunció a sus inversionistas que seguirá con sus proyectos de exploración de oro en Ixtacamaxtitlán, Puebla, a pesar de que la Semarnat rechazara el informe preventivo declarándolo como “improcedente”.
A través de un comunicado, la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, las instituciones académicas Poder, Cesder e Imdec, acusaron que la minera canadiense hizo caso omiso del resolutivo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ya que los empresarios que tienen 28 títulos que abarcan 234 mil 991 hectáreas concesionadas en el estado de Puebla –el 6.9 por ciento del territorio de la entidad- informaron a sus socios que realizarán más barrenos en busca de metales preciosos.
En la Gaceta Ecológica de la dependencia federal, se puede leer en el resolutivo del proyecto denominado “Ixtaca IV”, con folio 21PU2016MD066, que se declara como improcedente la solicitud toda vez que el proyecto, en los términos previstos no se demuestra que la actividad se ajuste a un informe preventivo.
Acusan daño al medio ambiente
Asimismo, destacaron que el dictamen de la Semarnat confirma las conclusiones de la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) realizada por las organizaciones civiles y un equipo técnico y científico especializado en minería y derechos humanos, donde se subraya que durante la etapa de exploración ese proyecto ha causado daños al medio ambiente.
Agregaron que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una inspección a través de la cual identificó inconsistencias técnicas en coordenadas de los barrenos que presentaron en los Informes Preventivos Ixtaca, Ixtaca II, Ixtaca III y IIIbis.
Además corroboró que la empresa -ha realizado 236 barrenos más de los autorizados por la Semarnat-, y perforado un acuífero, como documentó la EIDH.
Ixtacamaxtitlán, principal proyecto
Indicaron que la zona de exploración en el municipio de Ixtacamaxtitlán es el principal proyecto minero de la empresa canadiense en México.
De llevarse a cabo, se realizaría un tajo de más de mil metros de diámetro para la explotación de oro y plata a cielo abierto y se construiría una presa de jales con una capacidad de almacenamiento de 35 millones de litros sin recubrimiento, afectando tierras de cultivo, zonas de conservación prioritaria y el sitio de anidación de gavilanes, entre otros.
Finalmente, las organizaciones acudieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para denunciar las violaciones y solicitaron que se prevengan las afectaciones en caso de iniciarse la explotación minera, sin embargo, apuntaron, el organismo concluyó “que no existe materia” y remitió el caso a la Profepa.