La reforma integral o cambio de la Ley de Agua de Puebla, que permite participar a empresas en el manejo del líquido, frenará la privatización del agua, porque modificar el artículo 12 constitucional –como señala José Juan Espinosa Torres–, “no solucionará nada”.
Así lo señaló el diputado federal de Morena, Rodrigo Abdala Dartigues, quien sostuvo que la reforma a la fracción VI del artículo 12 de la Constitución de Puebla “es el camino errado” para frenar la privatización del agua en la entidad, por lo que habría que ir en contra de la ley aprobada y modificada en 2012.
Y es que, dio su respaldo a la reforma constitucional –aprobada el pasado 6 de enero—la cual sólo homologó con la Constitución federal el acceso al agua como un derecho humano y que la ley definirá las formas por las cuales se garantice.
Con lo anterior, corrigió al edil de San Pedro Cholula, quien este miércoles realizó un mitin con “acarreados” en el zócalo de Puebla y que ha convocado a distintos ayuntamientos a presentar controversias en contra de la reforma constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el argumento de que empresas privadas prestarían el servicio violentando las atribuciones municipales.
Al respecto, mencionó que Espinosa Torres “está haciendo su lucha” y evitó hacer más señalamientos; no obstante, consideró que “la lucha se tiene que focalizar de manera inteligente, todos en Morena debemos actuar muy concienzudamente y con la inteligencia de por medio, buscar la reforma integral a la ley de aguas, o su abrogación, no tenemos que buscar otra cosa porque no es el camino, porque la Constitución local solo prevé el derecho al agua”.
JJ, uno de los responsables de privatización
A través de cuenta de Twitter, Abdala Dartigues difundió un vídeo en el que señala a diputados locales del PRI, PAN, PVEM, PRD, Nueva Alianza (NA), PT, y –enfatiza—el único diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Espinosa Torres, como los responsables de avalar la Ley de Agua de Puebla que en su contenido posibilita y fomenta la participación de empresas en la cadena de gestión del vital líquido, por lo que “no pueden decirse engañados por lo que votaron, lo hicieron con total y pleno conocimiento de causa”.
El material audiovisual de 2 minutos, acusa que desde la recarga, almacenamiento, potabilización, conducción, bombeo y cobro, se lucra con el servicio del agua, “ya no pagamos un servicio púbico, sino las ganancias de las empresas que esos diputados favorecieron”.
Asimismo, asevera que las consecuencias de la privatización en la zona metropolitana fueron inmediatas, ya que las tarifas aumentaron entre 200 y 300 por ciento, se les cortó el servicio a quienes no podían pagarlo, además de que la empresa Concesiones Integrales no mejoro la infraestructura.
“Con el esquema que aprobaron los diputados por órdenes de Moreno Valle, las tarifas que paga la población de escasos recursos ya no serán apoyadas, en cambio el gobierno sí está destinando recursos públicos a estas empresas”.
Aunque refirió que la reciente reforma al artículo 12 establece el derecho humano al agua, éste no se podrá garantizar de manera efectiva “si las disposiciones privatizadoras de la Ley de Agua continúan vigentes”, concluyó.
