El gobernador Antonio Gali Fayad aseguró que presentó una denuncia penal ante la PGR para que a las personas que utilicen a menores de edad como “halcones” se les castigue por explotación infantil, pues hay detectados al menos 12 casos en Palmar de Bravo.
En entrevista, tras dar inicio al arranque del programa de “Desayunadores Escolares” en conjunto con la presidenta del DIF estatal, Dinorah López de Gali, indicó que esta medida también aplicará para quienes involucren a los menores en el delito de robo de combustible, sin importar si son familiares.
Recordó que Palmar de Bravo es uno de los cinco que se encuentra dentro del denominado “Triángulo Rojo”, zona donde prevalece la venta ilegal y robo de hidrocarburo, por lo que es necesario “tomar acciones concretas” para que dejen de usar a los niños para que “echen aguas” a las bandas delictivas.
“Lo que queremos es que no aumente, la explotación a menores es un delito grave, porque no solamente los inician en la delincuencia, sino que también están coartando y cortando su libertad de estudiar y de desarrollarse, por ello presentamos la denuncia en la Procuraduría General de la República (PGR)”, pronunció.
No habrá tolerancia ante corrupción
En ese sentido, el Ejecutivo estatal refirió que esta semana llegarán los 500 elementos de la policía militar para reforzar la seguridad en Puebla, principalmente en las demarcaciones donde más se registra la ordeña de ductos con el objetivo de erradicar este problema que mantiene a la entidad como el número uno.
Respecto a las declaraciones de la líder estatal del PRD, Socorro Quesada Tiempo, sobre que presionan al alcalde de Atzizintla, José Isaías Velázquez Reyes, para que se inculpe por los estos hechos del jueves pasado, Gali Fayad puntualizó que eso lo determinarán las investigaciones que está haciendo la Fiscalía General del Estado (FGE).
Aseveró que habrá depuración de policías municipales, por lo que se reforzarán las pruebas de control de confianza, tras sentenciar que ningún funcionario o servidor público, sin importar el nivel que tenga estará encima de la ley, por lo que quien sea sorprendido en actos de corrupción e impunidad, se aplicará “mano dura”.
En este sentido, llamó a las autoridades de los 217 municipios de la entidad “a pensar en las consecuencias de aceptar dinero de bandas de delincuentes o de coludirse con ellos”.
Desorden administrativo en policías
“Nadie está por encima de la ley. Llámese como se llame. Y menos si son funcionarios públicos que estén coludidos con bandas que se dedican a delinquir no solamente en la capital o zona metropolitana sino en los 217”, expresó.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Jesús Morales Rodríguez, señaló que los policías municipales de Atzizintla, vinculados en el asesinato de tres investigadores de la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto (Fisdai), no estaban dados de alta ante la Sedena para la portación de armas de fuego, y carecían de exámenes de Control de Confianza.
Precisó que los policías ni siquiera estaban dados de alta como funcionarios porque su pago en el ayuntamiento se hacía como trabajadores de servicios generales.
Cabe mencionar que durante el operativo de la semana pasada se detuvo a más de 87 personas, entre estas el edil, su cuerpo edilicio y policías municipales por supuestamente estar involucradas en el asesinato de los tres agentes. El fin de semana pasado el munícipe de extracción perredista y cinco policías municipales fueron encarcelados en el penal de Tepexi de Rodríguez.
