De pasivos no reportados y rectoras cua cua
Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, señala que una deuda que la administración de José Antonio Gali Fayad heredó de su antecesor y que no figura en la relación de pasivos reportados por la Secretaría de Finanzas y Administración, pero que la Federación ha comenzado a exigir asciende a 317 millones de pesos.
Dicha deuda tiene dos componentes: uno por más de 192 millones de pesos, consecuencia de recursos extraordinarios otorgados por la Secretaría de Educación Pública federal a 13 Institutos Tecnológicos Superiores del estado y dos Institutos Tecnológicos federales; y otro por 125 millones de pesos, también de fondos extraordinarios y gasto corriente a siete Universidades Tecnológicas.
Tales pasivos no son cosa menor, pues representan casi tres veces el presupuesto anual de la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP), la más grande de las que existen y de la cual es rector el que fuera secretario de Transportes en la gestión morenovallista Bernardo Huerta Couttolenc.
La Federación no reclama al gobierno del estado el pago o transferencia de estos recursos, sino que estos se inviertan cuanto antes en las Universidades e Institutos que en el sexenio anterior fueron apoyados con partidas extraordinarias, a saber:
Las universidades tecnológicas de Huejotzingo, Izúcar de Matamoros, Oriental, Puebla, Tecamachalco, Tehuacán y Xicotepec de Juárez, y los Institutos Superiores de Teziutlán, Zacapoaxtla, Tepexi de Rodríguez, Acatlán de Osorio, Atlixco, Ciudad Serdán, Huauchinango, Libres, Tepeaca, San Martín Texmelucan, Sierra Negra de Ajalpan, Venustiano Carranza y Tlatlauquitepec, así como los institutos federales de Tecomatlán y Tehuacán.
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Trascendidos para el fin de semana
Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, indica que allá en Casa Puebla miran con preocupación las reacciones del jefe de la Oficina del Gobernador, Javier Lozano Alarcón, en torno a la disputa casi personalísima que ha sostenido con el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, por el tema del agua.
Sí, el edil cholulteca pretende capitalizar una falsa resistencia social para sacar dividendos políticos de cara al proceso electoral de 2018.
En efecto, el alcalde de San Pedro se ha convertido en un personaje incómodo al llevar el conflicto, y sus acusaciones, más allá del estado, incluso a medios nacionales.
Pero en Casa Puebla se tiene la certeza de que las reacciones de Lozano para revirar a José Juan han sido exageradas, en algunos casos contraproducentes, para el gobierno del estado.
Eso es cierto.
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Morena le come el mandado al PRD
Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, señala que Morena es el gran ganador de la grave crisis por la cual atraviesa el PRD poblano y nacional.
La guerra de las tribus solaztequistas solo provoca que los militantes y simpatizantes de la izquierda volteen a ver al partido de López Obrador.
En 2018, el PRD más que ser un real contendiente de izquierda, se juega más que la vida. Tal como ya aconteció en Puebla, que se desplomó y sigue sumido en sus divisiones internas.
El 8 de abril de 2016 en este espacio adelanté la crisis que se avecinaba bajo el título de:
Morena-PRD, la batalla por el tercer lugar
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Por amenazas, concesionarios aceptaron plan para modernizar el transporte
Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que el programa de modernización del transporte público que echó a andar el gobierno del estado –el miércoles al mediodía– inició con el pie izquierdo, ya que parte de la improvisación, la imposición de normas, la falta de información precisa y está alejado de la realidad. En diferentes reuniones que este jueves sostuvieron concesionarios de dicho servicio, llegaron a una sola conclusión: es el mismo esquema que fracasó hace 13 años y en esta ocasión está destinado a volver a ser sólo un catálogo de buenas intenciones, pero no se podrán alcanzar las metas mínimas.
Y es que la realidad de este asunto es que los principales líderes del transporte aparecieron –hace un par de días– sonrientes y participativos en un acto público que encabezó el gobernador Antonio Gali Fayad y el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, pero esa actitud no era por convicción, sino porque la mayoría llegaron amenazados a ese evento.
Resulta que días antes el subsecretario del Transporte, Alberto Vivas, llamó a los principales representantes de permisionarios y les amenazó que si no acudían a manifestar su adhesión a dicho programa, iniciaría una revisión masiva de sus vehículos y encontrarían cualquier pretexto para sacarlos de circulación.
Vivas es un viejo funcionario del gobierno –tanto de administraciones priistas y panistas– que ha protegido, solapado, los vicios del transporte público. Luego de que estuvo fuera durante la administración de Moreno Valle, ahora está de regreso en la Secretaría de Infraestructura, junto con una larga lista de funcionarios que han sido parte de la mafia que ha lucrado con las deficiencias del servicio urbano de transporte de pasajeros.
Más allá del tema de las amenazas, el problema es que se obligó a los permisionarios ir al acto de Gali y supuestamente aprobar la modernización, pero en realidad no sabían que estaban avalando, ya que la Subsecretaría del Transporte no les ha proporcionado la información precisa sobre los costos financieros que implica entrar al proceso de obtención de créditos para la renovación de cientos de vehículos y que tendrán como peculiaridad el uso de una nueva tecnología de gas, en lugar del diesel.
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La lógica del OPD Audi: pura especulación inmobiliaria
Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante, publicada en Diario Cambio, señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se prepara para corregir la grosera, obscena y flagrante violación a la autonomía municipal que es el OPD Ciudad Modelo que de un día para otro, desapareció de facto a los municipios de Nopalucan, San José Chiapa, Lara Grajales, Soltepec y Mazalpiltepec, arrebatándoles sus facultades en materia de prestación de servicios públicos, emisión de permisos y administración de sus recursos financieros por los siguientes 30 años.
Tan grosera es la intromisión planteada por el morenovallismo que los alcaldes de esos cinco municipios ni siquiera están integrados al órgano de gobierno de dicho OPD, por lo que no tienen ni voz ni voto sobre lo que ocurrirá en sus municipios. Peor aún, en los siguientes 30 años los habitantes de estos municipios elegirán alcaldes desprovistos de poder alguno, pues un funcionario designado de forma administrativa suplantará la voluntad popular.
Increíble que los juristas del morenovallismo dejaran pasar esta atroz figura del OPD, pero la lógica del negocio es el negocio: la especulación inmobiliaria en la zona, donde terrenos que valían centavos hoy se cotizan en miles, donde la asignación de predios para vivienda es oscura y discrecional para que, como ocurrió con la asignación de terrenos en la Reserva Atlixcáyotl, los mejores predios sean asignados a personeros del régimen.
La lógica del OPD Audi no es coordinarse con los municipios, sino el pelotazo, término que utilizan los españoles para referirse al enriquecimiento inexplicable provocado por la especulación inmobiliaria. Para evitar que sean los alcaldes quienes hagan negocio, el morenovallismo inventó una figura jurídica absurda.
El artículo 115 constitucional es muy claro y es una sentencia de muerte al OPD que dirige Jorge David Rojas Armijo al establecer en su primer párrafo que “la competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado”. Más claro ni el agua.
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Miss Anorexia y la Nueva Derrota que le Viene
Mario Alberto Mejía en su columna La Quinta Columna, publicada en 24 Horas Puebla, indica que si la del Estado de México será la Madre de todas las Elecciones en 2017, las cosas pintan mal para los partidos de siempre.
El PRI parece tener perdida la elección.
Alfredo del Mazo Maza hubiera sido un espléndido candidato en los años setenta u ochenta, cuando el país iba en la ruta de la Revolución triunfante que quería ser Neoliberal.
Su discurso —tecnocrático, monotemático, anticlimático—no emociona a nadie: ni a su padre que alguna vez quiso ser presidente de México.
Cierto: desde Los Pinos se dio la orden de ir con todo.
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La columna De Boca en Boca, publicada en Ángulo 7, señala que :el miércoles, integrantes de Wikipolítica Puebla se reunieron con el presidente del Congreso local, Jorge Aguilar Chedraui y los diputados Franco Rodríguez (PAN), José Ángel Perez (MC) y Julián Peña (ahora sin bancada) para buscar que haya un exhorto a la Cámara de Diputados, con el fin de que aprueben la iniciativa #SinVotoNoHayDinero y se ahorre a nivel nacional 2 mil 200 millones de pesos.
La reunión fue positiva porque los legisladores les indicaron que la propuesta es valiosa y buscarán cabildear la misma al interior del Congreso local para lograr dicho exhorto. En Puebla, con esta iniciativa aprobada se ahorrarían más de 70 millones de pesos.
:Hay inconformidad con el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento de Puebla, Gonzalo Juárez Méndez, porque –trabajadores aseguran — no se ha transparentado desde hace tres años el uso de las aportaciones.
Además, pidieron la reinstalación de diez sindicalizados despedidos y al actual edil Luis Banck Serrato evitar la represión, la inquisición laboral, los cambios injustificados de áreas y despidos injustificados. Hace un mes, un reportero de Ángulo 7 acudió a sus instalaciones sindicales –ubicadas frente al Parque Ecológico– para preguntar un tema y ni siquiera tuvieron la cortesía de programar la entrevista con algún titular de secretaría o cartera.
:Se dice que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Alejandro Santizo Méndez, busca ser diputado local en 2018. Estaría bien que antes de eso se mejore la seguridad pública en la capital poblana.
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