La SCJN no puede obligar al Congreso de Puebla a reformar su Código Civil para permitir los matrimonios igualitarios, sin embargo, es anticonstitucional esa prohibición y la única vía para que las parejas puedan acceder a ese derecho es el amparo.
Así lo señaló, en su visita a la universidad Iberoamericana para presentar el doctorado en Investigación Jurídica, el ministro de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz, quien agregó que a pesar de la jurisprudencia que se emitió el año pasado, lo único que pueden hacer es resolver los juicios de amparo.
Indicó que mientras el Congreso de la Unión siga sin avalar la iniciativa de reforma al artículo 4 constitucional del presidente Enrique Peña Nieto, presentada en mayo pasado, no hay manera de que las legislaciones estatales armonicen este derecho para las parejas entre personas del mismo sexo.
Refirió que esta reforma puede darse en varios años o, en su caso, que se declare que es constitucional no permitir estas uniones matrimoniales, ya que –dijo—la ley no está “bien redondeada” en términos jurídicos, pero está “fuertemente” sostenida por las decisiones de la SCJN.
Amparos seguirán siendo a favor
En ese sentido, Cossío Díaz manifestó que la máxima estancia judicial en el país sigue recibiendo juicios por dicho tema y todos serán fallados a favor, no sólo para Puebla sino para otros estados, aunque no precisó cuántos corresponde a la entidad poblana.
En otro tema, el ministro del máximo tribunal judicial del país comentó que uno de los principales problemas que enfrentan los estados para penalizar el delito de feminicidio es conocer si realmente todas las muertes de mujeres están catalogadas como este delito, lo que genera que se dejen los casos abiertos y tengan más complicaciones por resolver.
Cabe mencionar que, en septiembre pasado el diputado del PAN, Pablo Rodríguez Regordosa, propuso reformar el Código Civil para incorporar la figura “isomonio” para referirse al “contrato civil entre personas del mismo sexo”, el cual reconocería derechos y obligaciones de contrayentes, pero no la adopción.
Además, Brahim Zamora Salazar, del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), mencionó que esta reforma podría darse hasta la próxima legislatura, pues los diputados han politizado el tema, además de que la mayoría en el Congreso local es militante del PAN, fracción que se ha negado a hacerlo.
En tanto, en diciembre de 2015 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación general 23, dirigida a los titulares de los poderes Ejecutivos y Legislativos de los estados sobre dicho tema, para modificar los códigos civiles estatales, así como impugnó el artículo 300 del Código Civil de Puebla, al considerarlo inconstitucional.
