La diputada del PVEM, Geraldine González Cervantes, propuso doblar las sanciones contra servidores públicos y trabajadores de Pemex que encubran el robo de hidrocarburos; prisión de hasta 20 años e inhabilitación por 10 años.
En el documento, la legisladora sostiene que “el encubrimiento, protección y tolerancia de dicho delito es inadmisible”, pues señala que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha situado en más de una ocasión a Puebla como la entidad con mayor número de tomas clandestinas a nivel nacional.
Señaló que existen distintos señalamientos de la supuesta colusión de policías estatales y municipales de la “franja roja”.
Consideró necesario que aquellos servidores públicos o integrantes de Pemex que “aprovechándose de su posición”, faciliten, participen o encubran el robo de hidrocarburo y los delitos que de ello deriven, deben ser sancionados con “mayor rigor”.
Por ello, la iniciativa pide incrementar hasta el doble las sanciones por daño ambiental, propiedad ajena, así como en la corrupción de menores e incapaces, cuando estos se cometan con la intención de robar combustible.
“Grave” corrupción de menores
Asimismo, plantea la configuración del delito de delincuencia organizada, cuando se reúnan tres o más personas con fines de incurrir en dicho ilícito; también establece como “grave” el delito de corrupción de menores cuando se realice con motivo de la comisión de algún delito en materia de hidrocarburos.
Refirió que, la adición a la fracción IX al artículo 186 bis, un último párrafo al 198, un segundo párrafo al 199; así como a la fracción IV del artículo 217 del Código Penal de Puebla, terminaría con las “evasivas jurisdiccionales” para el combate a la ordeña de ductos.
Lo anterior porque el artículo 199 sólo señala que se aplicará prisión de uno a 10 años y, multa de 30 a 300 días de salario, a quien mediante incendio, explosión, inundación o por cualquiera otra causa cree un peligro general para los bienes o para las personas.
Pero, con su propuesta, se precisará: “cuando los delitos establecidos en la fracción III del presente artículo se realicen con motivo de la sustracción, transporte, recepción, almacenamiento o venta ilegal de hidrocarburos, las penas que correspondan podrán aumentar hasta en una mitad”.
Finalmente, sostiene que la seguridad de los ciudadanos no es negociable, además que los poblanos demandan y merecen tranquilidad, por lo que exigió a los tres niveles de gobierno intervengan en la persecución y sanción de delitos del orden común que derivan del robo de combustible.
Cabe mencionar que, actualmente el artículo 198, 199 y 217 del Código Penal establecen de 2 a 10 años de cárcel y multa de hasta dos mil días de salarios mínimos por distintos delitos.
