Este miércoles ingresó la iniciativa de Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado que establece la eliminación de los principios de anualidad y posterioridad, así como la verificación de la deuda pública, por lo que ya no podrá “ocultarse”.
Así lo dio a conocer la presidenta de la Comisión Inspectora, Patricia Leal Islas, quien explicó que la propuesta de sus compañeros deberá ser aprobada durante este tercer periodo de sesiones ordinarias que concluirá el 15 de diciembre próximo, ya que el proceso de fiscalización de 2017 iniciará desde el 1 de enero.
Durante su exposición señaló que la iniciativa de nueva ley, que sustituirá a la actual Ley de Fiscalización Superior, normará los procesos de fiscalización; subraya que dentro de las disposiciones relevantes “podrá verificarse una deuda pública conforme a las obligaciones de disciplina financiera”.
Ciudadanos podrán denunciar desvío de dinero
Además, prevé que cualquier persona podrá presentar denuncias por presunto manejo irregular o desvió de recursos públicos; al Congreso local, Comisión o a la ASE directamente.
Explicó que también las medidas de apremio se hacen “más severas”, pues actualmente se estipulan multas de 100 a 500 días de salario y se extenderán de 100 a mil días de salario, es decir, de 7 mil 300 a 73 mil pesos.
Destacó que la cuenta pública del estado será presentada por el Ejecutivo de forma “consolidada”, pues incluirá además la del poder Legislativo y Judicial; así como de las entidades y órganos constitucionalmente autónomos.
Cabe mencionar que la propuesta, que forma parte de los 11 ordenamientos que deben adecuarse para instaurar el Sistema Estatal Anticorrupción, está integrada por 136 artículos y 11 transitorios y en ésta se establece que, a través del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, los servidores públicos que cometan irregularidades podrán ser sancionados.
Cambian terminología de “ataques al pudor”
Por otra parte, durante la sesión ordinaria de este miércoles se presentó la iniciativa del gobierno estatal por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal, para adecuar la denominación de “ataques al pudor”, por el de “abuso sexual”.
Dicha iniciativa, establece que, de 14 a 18 años de edad, será considerado “abuso sexual”. Además, eleva la edad de la víctima de estupro y se sancionará penalmente a quien tenga relación sexual con menores de 14 años, acto que se castigará como “violación equiparada”, recibiendo de 10 a 40 años de prisión.
Asimismo, configura el delito de homicidio en razón de parentesco o relación, considerando al cónyuge, concubino o novio, que será sancionado de 20 a 50 años de prisión; además instaura que “comete delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género”.
