Elia Tamayo Montes, madre del menor muerto por el desalojo policiaco del 9 de julio de 2014 en San Bernardino Chalchihuapan, aseveró que buscarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que revise el caso.
En rueda de prensa, acompañada de los integrantes del Centro de Defensa y Difusión de Derechos Humanos “José Luis Alberto Tehuatle Tamayo”, reconoció que sí recibió la indemnización de las autoridades por la muerte de su hijo, pero reiteró el argumento de Araceli Bautista Gutiérrez, de que la “pusieron entre la espalda y la pared”.
Lo anterior, porque sostuvo que la Secretaría General de Gobierno (SGG), a través de sus representantes legales, le dijeron que si no aceptaba el millón 700 mil pesos, apelaría la sentencia del juez de Jairo Javier Montes Bautista, exedil auxiliar de esa demarcación, además de que le abrirían otro proceso para encarcelarlo.
“No es suficiente la indemnización, como siempre lo he dicho el dinero no repara daños, no ha habido justicia porque no está encarcelado el verdadero responsable, estamos viendo que en Puebla y en México no existen los derechos humanos”, pronunció.
Afirmó que los hechos donde perdió la vida su hijo, José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, no pueden quedar impunes, por lo que –reiteró– pedirán la intervención de la CIDH, para que este organismo internacional analice con imparcialidad cada uno de los 11 puntos que la CNDH emitió en septiembre de 2014 a la administración de Rafael Moreno Valle.
Actuaron con dolo para aparentar, acusan
Por su parte, Felipe Soriano Sánchez, integrante del centro, puntualizó que el cumplimiento de la recomendación 2VGA/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), fue hecho “con total dolo con el afán de dar apariencia”, de que esta acatando en “buenos términos” y que Tamayo Montes ha perdonado al gobierno del estado.
Reprobó que el titular de la SGG, Diódoro Carrasco Altamirano, no puede señalar que el gobierno estatal se apega a la ley cuando a Facundo Rosas Rosas, ex-titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), no se le inició proceso penal, además de que la indemnización fue a cambio de la liberación de Montes Bautista.
En tanto, Hilario Gallegos Gómez, también criticó las declaraciones de Carrasco Altamirano, al asegurar que no están cumplidas al 100 por ciento los 11 puntos, pues –ejemplificó– al menos la disculpa pública que hizo el fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, José Flota Ocampo, en marzo pasado no ha sido aceptada.
Finalmente, manifestó que acudirán este miércoles a las instalaciones de la CNDH donde el organismo a cargo del ombudsman, Luis Raúl González Pérez, dará un informe sobre el seguimiento de la recomendación hecha desde hace 2 años al gobierno de Puebla.
