Por Marco Rovira
La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió abrir la rendija para la eventual legalización del cultivo y consumo de la mariguana en México, una medida “histórica” que, desde el primer momento, generó reacciones de todo tipo.
Este tema ha sido ya discutido ampliamente desde hace varios años por organizaciones civiles, médicos, especialistas, políticos, consumidores y una gama muy amplia de actores, quienes han tenido algo que decir al respecto.
Más allá de los debates sobre lo benéfico o perjudicial de legalizar el consumo de esta droga, la realidad actual parece indicar que el mundo se mueve en esa dirección, dado que en el continente, países como Uruguay, así como varias entidades de los Estados Unidos, han legalizado ya el consumo de la mariguana –incluso con fines recreativos–, mientras otros países parecen seguir los mismos pasos, por no hablar de que en naciones como Holanda, esto es una realidad desde hace varios años.
Dentro de todos los aspectos que se han discutido sobre el tema, valdría la pena destacar uno: es cierto que esta decisión es histórica, en cuanto que ha provenido de un fallo de la SCJN para amparar a cuatro particulares, quienes en conjunto con un grupo de la sociedad civil, reclamaron su derecho a consumir lo que ellos quieran libremente sin causar daños a terceros, un derecho que garantiza la Constitución y los Derechos Humanos por ella suscritos.
A diferencia de lo que ocurre normalmente, en esta ocasión la iniciativa no vino de la presidencia o del Congreso, demostrando así que la sociedad civil también es capaz de ejercer su influencia en la toma de decisiones de primer nivel.
Hasta ahí lo ocurrido el pasado 06 de noviembre es un acontecimiento histórico, más no así la legalización de la mariguana.
En 1940, el gobierno del general Lázaro Cárdenas ya había legalizado el consumo de mariguana en el país, la cual se podía adquirir en las boticas, como cualquier otra sustancia. Desde ese entonces se pensaba que no tenía ningún caso criminalizar el producto y a los consumidores, porque eso no resolvía el problema, antes bien, podía hacerlo mucho peor.
La perspectiva del gobierno cardenista implicaba entonces tratar el asunto como un problema de salud pública, como el consumo del alcohol o el tabaco, pero no como un crimen. Cabe destacar que en esta decisión debió haber influido la experiencia de la prohibición del alcohol en Norteamérica en los años treinta, que no logró hacer que la gente dejara de consumir esa droga, dando pie al empoderamiento de pandillas y grupos criminales que comerciaban esta mercancía, quienes adquirieron en consecuencia el poder suficiente para corromper a las autoridades y sembrar el terror en las ciudades donde operaban.
Pero en aquel entonces, México fue demasiado lejos para su tiempo. Inmediatamente, los Estados Unidos –los mismos que hoy han legalizado el consumo de esta droga en muchos de sus estados– empezaron a presionar para que el gobierno de Cárdenas volviera a instaurar la prohibición, amenazando al gobierno mexicano con dejar de hacerle envíos de medicamentos y denunciarlo ante la comunidad internacional, como un Estado que atentaba contra la salud de sus ciudadanos. Los Estados Unidos se vieron inflexibles en su postura y seis meses después el gobierno mexicano tuvo que ceder. La década de 1940 y todo el periodo de la Guerra Fría se caracterizó por un conservadurismo político que enterró definitivamente esta iniciativa.
Setenta y cinco años después, México empieza tímidamente a retomar ese camino, pero en un contexto muy diferente; por un lado, el ambiente internacional parece estar en vías de cambiar el paradigma prohibicionista, como quedó expuesto con el caso de los países que ya han legalizado la mariguana, así como en las opiniones de buena parte de especialistas y líderes o ex líderes políticos –cabe destacar el ejemplo del propio Ernesto Zedillo, quien ha abogado abiertamente por la legalización de esta sustancia–.
Por otro lado, y quizá como causa de lo anterior, ha quedado claro que esta droga es una de las principales fuentes de ingreso para el crimen organizado, con cuya distribución y venta obtiene enormes recursos que le permiten comprar armas, autoridades, propiedades, y todo tipo de herramientas que necesite para seguir flagelando a los países en los cuales opera, como México o Colombia.
Más allá de analizar el tema a partir del prejuicio, el miedo irracional de creer que esto llevará a una eventual legalización de todo tipo de drogas, incluidas las más destructivas, o de querer fundamentar si debe o no prohibirse el consumo de esta sustancia con razones “científicas” –prohibición que ha llevado a la cárcel a muchas personas en el país, abonando terreno al problema de la sobrepoblación de esos lugares y la creación de vínculos criminales dentro de las mismas–, lo cierto es que el consumo de esta sustancia es un hecho que no dejará de ocurrir y que, al menos en estas siete décadas y media de su prohibición, solo ha servido para generar males mayores, como el empoderamiento de grupos criminales.
Al final, la decisión de consumirla o no deberá ser una decisión personal y debidamente informada, como debe serlo con el alcohol o el tabaco; pero como política de Estado deberá ser un instrumento que sirva para atenuar el gravísimo problema que hoy en día significa el poder del crimen organizado en México. Esperemos que en esta ocasión no volvamos a retroceder y que los vientos del clima internacional nos lleven a mejor puerto que en el pasado.
*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.
