Por Gustavo Santín
Las vicisitudes que padecen las administraciones locales para cubrir los gastos que ocasiona la prestación del servicio educativo, y la forma de resolverlas parecieran copiadas entre ellos, como si se tratara de una tarea que pasa de mano en mano para cumplir con el trámite.
Los gobiernos locales, salvo la ciudad de México, sufren graves quebrantos financieros originados por el excesivo gasto educativo que deben erogar y deben renegociar apoyos adicionales con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que les permitan cubrir la quincena de trabajadores y trabajadoras de la educación, que ante incumplimientos contractuales, perpetran amagos, tomas de instalaciones, realizan paros de actividades laborales y plantones frente a oficinas centrales.
Quebrantos que para algunas entidades rondan entre los 5 y los 10 mil millones de pesos anuales originados, entre otras causas, por la falta de reconocimiento de plazas subsidiadas generadas centralmente como ampliación del servicio educativo en los subsistemas de preescolar y telesecundarias, entregadas bajo convenio para que fueran administradas por las autoridades educativas locales sin asignar el 50 por ciento al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pero que con motivo de la validación de la plantilla de personal, recibieron por parte de la SHCP, el trato de plazas generadas localmente objeto de una ayuda –subsidio- federal.
Igual suerte corren, la del no reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de SHCP, las ocupadas por contrato asignadas a personal docente con antigüedad en ocasiones mayor a 15 años y las que emplea a maestros y maestras comisionados(as) al desempeño labores administrativas, lo mismo que las requeridas para operar programas educativos especiales como el de atención a niños migrantes, de la enseñanza del inglés, prevención de violencia escolar, atención a consejos escolares, consejos de participación social y sociedades de padres de familia, o el pago de prestaciones locales pactadas al amparo de una doble negociación salarial inducida por las autoridades federales y que tras la recentralización de la nómina a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE) impactan adicionalmente a las finanzas de los Estados.
El mismo trato reciben las plazas no incluidas por motivos políticos en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial realizado en el último trimestre de 2013 y, por lo tanto, no validadas por la comisión SEP-HCP y no incluidas en el FONE, a pesar de tratarse de instituciones de origen federalizado, las plazas comisionadas a niveles de directores supervisores o jefes de sector cubiertas por FONE, como si se tratara de plazas grupos frente a grupo, pero que reciben el complemento del salario con cargo al erario estatal, las plazas consideradas por las autoridades centrales como estatales al no ser reconocidas por la Secretaría de Hacienda por contravenir, supuestamente, normas de diferente naturaleza, pero creadas incluso por instrucciones emanadas de la Secretaría de Gobernación o de la presidencia de la República (Felipe Calderón Hinojosa), para resolver demandas políticas reivindicadas por estudiantes egresados de las escuelas normales o por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cubiertas con cargo al Estado como sucede en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas y que generan déficits superiores (Michoacán) superiores a los cinco mil millones de pesos que hacen inviable cualquier administración.
Sin embargo, a mitad de la administración del gobierno de Enrique Peña Nieto, especialistas políticos y del que hacer educativo recomiendan, como sucedería con cualquier programa administrativo serio, realizar una evaluación de las distorsiones que en las entidades generan el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE).
Ante la actitud triunfalista mostrada por el primer mandatario y por Emilio Chuayffet Chemor, exencargado del sistema educativo, quien pregonaba que la operación del fondo habría posibilitado a la Tesorería de la Federación (TESOFE) la recuperación de economías por $10 000 000.00, gobernadores de entidades perjudicadas señalan grandes déficits que imposibilitan el mantenimiento de la infraestructura local y de generación de obras en materia de salud, campo y carreteras.
Cierto que la recentralización de la nómina significo la conclusión unilateral del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación (Anmeb), sin embargo, los vicios administrativos transferidos a las entidades originados en el sistema federal persisten.
La corrección de los mismos pasa por realizar una revisión profunda de las estructuras laborales y administrativas, por reconocer que las plazas docentes comisionadas para atender programas educativos especiales creados con saliva, debieron ser atendidos por personal docente que se especializó en funciones administrativas y que ahora no pueden ser sustituidos por personal al que se le asignen plazas administrativas, con estipendios remuneradores acordes a la responsabilidad de la función que desempeñan por no estar soportadas presupuestalmente.
Pero, muerto el Anmeb se requeriría rectificar el rumbo, generar un nuevo compromiso que permitiera hacer los ajustes pertinentes que permitan allegar a niños, niñas y adolescentes la educación de calidad que requieren para tener una vida digan.
Que reconozca, al margen del tipo de nombramiento, que todos y todas las maestras son necesarios, que trate con equidad a los desiguales y que impulse el desarrollo autónomo, en su propia lengua, de las comunidades indígenas y de la zonas marginadas. Un acto nuevo compromiso social que incluya a todos los sectores interesados en lograr una educación laica, gratuita, obligatoria y de calidad que impulse un desarrollo nacional que permita lograr una nación soberana, independiente, solidaria y realmente democrática.
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