Las diputadas del PVEM, PT y PAN en Puebla propusieron una iniciativa para la creación de un mecanismo estatal para la prevención de feminicidios, otorgar hasta 100 años a los feminicidas y que incluya mecanismo para la reparación de daños a las víctimas indirectas.
Estos proyectos fueron presentados en la Comisión Permanente de este 16 de abril. Las exponentes fueron las diputadas del Partido del Trabajo (PT) Esther Martínez Romano y Xel Arianna Hernández García; del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Norma Estela Pimentel Méndez, Laura Guadalupe Vargas Vargas, y María Fernanda de la Bareda Angon y la diputada Susana Riestra del Partido Acción Nacional (PAN).
La Ley para la Actuación Estatal Integral frente al Feminicidio y la Protección de sus Víctimas y Ley para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño en el delito de feminicidio se suman a las propuestas por el diputado Andrés Villegas de Morena, y de José Luis Figueroa, del PT.
Las iniciativas exponen que en el estado de Puebla se registraron 25 feminicidios en 2025 y que diversos informes advierten que hay muertes violentas de mujeres que no logran clasificarse como feminicidio por falta de elementos suficientes.
Feminicidas en Puebla podrían ser castigados con 100 años de prisión
En la Ley para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño en el delito de feminicidio se establece que quien cometa feminicidio recibirá una pena de prisión de 40 a 70 años.
La sentencia podrá incluir la pérdida de derechos sucesorios respecto de la víctima, la prohibición de acercamiento a víctimas indirectas y la pérdida o limitación de la patria potestad, tutela o custodia de hijos o personas bajo su cuidado.
La tentativa de feminicidio se sancionará con una reducción de una cuarta parte hasta una tercera parte, es decir de 20 a 35 años.
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Agravantes para feminicidas en Puebla propuestos por diputadas
Una agravante para otorgar la máxima pena de 100 años es que la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, persona con discapacidad, se encuentre embarazada. Además también cuando el delito lo cometa un servidor público, exista pluralidad de participantes, se utilicen armas o medios especialmente crueles, se altere la escena del crimen, o se cometa en presencia de menores.
La Ley para la Actuación Estatal Integral frente al Feminicidio y la Protección de sus Víctimas contempla un enfoque diferencial y especializado que toma en cuenta edad, discapacidad, condición social, pertenencia indígena o afromexicana, orientación sexual, identidad de género, embarazo o cualquier otra condición que incremente la vulnerabilidad de la víctima.
Además, propone la creación del Mecanismo Estatal para la Prevención, la Atención Integral y el Acceso a la Justicia frente al Feminicidio. Será una instancia de coordinación interinstitucional encargada de proponer protocolos, modelos de atención y acciones focalizadas en municipios y regiones de mayor riesgo.
En materia de prevención, la ley que propusieron las diputadas establece campañas permanentes de información y sensibilización, estrategias de detección temprana del riesgo feminicida, mecanismos de denuncia accesibles y atención prioritaria a zonas de Puebla con mayor incidencia.
Investigaciones con perspectiva de género
Esta propuesta remarca que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse de oficio, de manera inmediata y con perspectiva de género.
Desde el primer momento, el Ministerio Público deberá partir de la hipótesis de feminicidio, agotando todas las diligencias necesarias para confirmar o descartar de manera fundada.
Prohíbe descartar o minimizar una investigación por falta de testigos, por la existencia de una relación previa con el agresor o por no contar en ese momento con elementos plenos sobre el móvil.
La iniciativa ordena que la Fiscalía General del Estado (FGE) debe contar con una unidad especializada con personal ministerial, policial, pericial y forense debidamente capacitado en perspectiva de género.
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Derechos de las víctimas y reparación integral del daño
En cuanto a la atención a víctimas, la ley garantiza trato digno y respetuoso, protección inmediata de su vida e integridad, asesoría jurídica gratuita y especializada, información veraz y oportuna, así como la reparación integral del daño.
Para determinar el alcance de esta reparación, las autoridades deberán considerar la gravedad del daño, el contexto de violencia. Así como la situación de dependencia económica o emocional, incluyendo medidas específicas de protección y apoyo para hijas, hijos y personas dependientes de la víctima.
Asimismo, contempla la creación de un Registro Estatal Especializado en materia de feminicidio, tentativa de feminicidio y muertes violentas de mujeres, con información estadística desagregada, actualizada y verificable. Esta servirá como herramienta fundamental para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia.
