A partir de abril se rescindirán las concesiones de transporte público en Puebla que no cumplieron la revista vehicular e hicieron caso omiso a los llamados de la autoridad para ponerse en regla; habrá una licitación para otorgar nuevos permisos en derroteros donde hacen falta.
Así lo adelantó, en la rueda de prensa que encabezó este lunes el gobernador Alejandro Armenta Mier, en Casa Puebla, la secretaria de Movilidad y Transporte (SMT), Silvia Tanus Osorio, quién agregó que los derroteros de transporte público que habilitaron a inicios de mes solo serán temporales.
Para la tranquilidad de los señores permisionarios, estás rutas no se van a quedar, no se tiene dentro de los planes privilegiar a empresas en el transporte, tuvimos que echar mano de ellas y que saben que no les conviene porque no es su giro, pero solo están dando un apoyo al estado.
Aunque no precisó qué tiempo continuará ADO y Estrella Roja dando el servicio, enfatizó que está en puerta la segunda etapa de modernización del transporte público, por lo que se está trabajando en los elementos jurídicos necesarios conforme a lo que marca la ley y sean publicos.
Recordó que de las 21 mil 780 unidades que hay, 3 mil 137 no habían cumplido en tiempo y forma la revista vehicular, de las que mil 954 lo hicieron posteriormente, por lo que solo quedan mil 183 pendientes. Además, 654 personas acudieron al pago de sus derechos.
Explicó que hubo quienes siguieron pagando por sus derechos para no perder su concesión, pero no tienen unidad o ya superó los 10 años que marca la ley.
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Detalló que recibieron solicitudes para cambiar la modalidad de unidades y pasar de microbús a combis, pero remarcó que Puebla “ya no aguanta” para tener vehículo pequeños en el transporte público.
El gobernador Alejandro Armenta comentó que quienes cuentan con concesiones de transporte público en Puebla activas son los que llevan mano, pero bajo las condiciones establecidas. Esto dado que, recordó, el estudio de movilidad del 2025 que arrojó el origen y destino de los pasajeros definirá donde se asignarán.
Asimismo, dijo que hay alrededor de 100 permisionarios que se ampararon para evitar que los retiren se circulación o les aseguren su unidad en los operativos, pero no han procedido porque la ley establece que un requisito para continuar con su concesión es pasar la revisión.
En ese tenor, adelantó que se hará una licitación pública y se abrirá el espacio a quiénes quieran invertir en el transporte público, pero con la condición de que sean unidades nuevas.
Mencionó que igual se colocarán chips a las unidades que ya superaron los 10 años de antigüedad, pero que los concesionarios ya cuentan con la factura de una nueva y no se las han entregado, pues hay marcas que tardan entre dos y tres meses en entregarlas.
Finalmente, la secretaria de Movilidad comentó que aunque hay 9 mil 600 cámaras de videovigilancia instaladas en el transporte público no están funcionando, por lo que será un punto que se abordará después. “Primero matamos el pollo y luego hacemos el caldo, si no tenemos unidades, menos vamos a tener cámaras”, indicó.
