Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de Presidencia, presentó una propuesta de reforma constitucional que busca modificar la elección judicial del 2027 para retrasarla al 4 de junio del 2028 y que no se contraponga con la elección del próximo año a gobernadores, congresos locales y cargos municipales.
Desde Palacio Nacional, detalló que esta propuesta se podría enviar a la Cámara de Diputados, aunque no está confirmado. Señaló que, de aprobarse, las elecciones judiciales posteriores serán concurrentes con los procesos ordinarios de 2030, 2033 y 2036 para cubrir vacantes.
Cabe recordar que, en esta elección judicial que pasaría al 2028, se renovarán cuatro magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF). Así como, 463 magistrados de tribunales colegiados de circuito, 385 jueces de distrito, y en los poderes judiciales locales. Además, 424 magistrados y 2,831 jueces en 25 entidades federativas.
Reducción de candidaturas para la elección judicial del 2028
Como parte de esta propuesta también se contempla la creación de una Comisión Coordinadora de Evaluación. Esta comisión verificará requisitos formales, como su licenciatura, promedio, años de experiencia e imagen pública. También se establecerán criterios unificados de evaluación, incluyendo exámenes de conocimientos, con lo cual reducirá la lista de candidatos a cuatro. De estos, se reducirán a 2 candidaturas por cargo y especialidad, con paridad de género.
Esto para homologar la metodología y los criterios de evaluación de los comités de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Cada comité elegirá un coordinador, y estos tres coordinadores establecerán la comisión y agilizar la elección judicial del 2028.
Asimismo, la boleta se simplificará para que cada elector vote por un juez y un magistrado para cada especialidad. Esto eligiendo entre las dos propuestas de cada poder. Las boletas distinguirán claramente las candidaturas postuladas por cada poder, incluyendo a quienes busquen reelegirse.
Evaluación y capacitación obligatoria a jueces y magistrados
También, en esta propuesta para la elección judicial en el 2028, se establecerá la capacitación permanente obligatoria para todos los jueces y magistrados. Dicha preparación deberá ser implementada por el Tribunal de Disciplina en coordinación con la Escuela Judicial.
Además, se reforzarán los criterios para que las elecciones judiciales en los estados repliquen las reglas federales. Esto incluyendo bases, etapas, procedimientos, términos, plazos, modalidades y requisitos. De esta forma, se busca homologar los procesos, asegurar la insaculación obligatoria, unificar criterios de evaluación y reducir candidaturas.
Cabe recordar que, por ley, las elecciones judiciales y ordinarias no pueden realizarse en la misma ubicación, garantizando que los representantes de partido no intervengan. Si se hicieran las votaciones el mismo día, la gente tendría que votar en un predio, y luego moverse a otro, lo cual dificultaría la elección del poder judicial, también una de las razones para pasarlo al año 2028.
Otros puntos que se consideran son que el escrutinio y cómputo de votos se haga en la misma casilla. Que el plazo del Senado para emitir la convocatoria general se adelanta tres meses, a abril, para dar más tiempo a los comités de evaluación. Finalmente, que las vacantes por muerte, renuncia o destitución se cubrirán en la siguiente elección.
