Las reformas enviadas al Congreso de Puebla son para armonizar los cambios al Poder Judicial tras la reforma constitucional federal. La elección será para 32 magistrados y 150 jueces del Tribunal Superior de Justicia y cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.
Así lo explicó en la rueda de prensa encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, el coordinador de gabinete, José Luis García, quien agregó que una de las más relevantes es la del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Puebla (Coipeep).
El funcionario estatal refirió que en la iniciativa ya se incorpora la elección popular de las personas juzgadoras del Poder Judicial de Puebla. Además, se expide una nueva Ley Orgánica que modifica la conformación del mismo.
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¿Como se dividirán los 187 cargos a elegir en 2027?
Detalló que actualmente se tiene el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el Consejo de la Judicatura y el Tribunal de Justicia Administrativa.
Sin embargo, con la reforma transitarán a Tribunal Superior de Justicia, que quedará igual. Mientras que los otros dos serán el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial.
Dijo que se suprime el Consejo de la Judicatura y el Tribunal de Disciplina Judicial será el que se encargará de evaluar y sancionar a servidores públicos con funciones jurisdiccionales, y el Tribunal de Justicia Administrativa se separa del Poder Judicial para ser un ente autónomo.
En ese tenor, explicó que tendrán que ser en total 187 los cargos que se tendrán que elegir en 2027 a través del voto popular mismos que se dividen en: 32 magistrados, 150 jueces del Tribunal Superior de Justicia y cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial.
Puntualizó que una vez que entre en vigor la reforma, los jueces y magistrados que están actualmente en el cargo, tendrán el derecho de participar y estar sujeto al escrutinio de los ciudadanos y ganar la elección para renovar el Poder Judicial de Puebla.
Nuevas leyes que se proponen
Las reformas enviadas establecen que no tendrán que separarse de los cargos que tienen, sin embargo, tampoco podrán hacer uso de los recursos públicos como se hizo en la elección federal el año pasado.
Como parte de las reformas que se enviaron igual se plantea una Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, mismas que tendrá que ser aprobadas en el actual periodo para que puedan entrar en vigor para el proceso electoral del siguiente año.
