Efraín Morales López, titular de Conagua, informó que con la nueva Ley de Aguas en México, se realizaron 7 mil 600 inspecciones, resultando en mil seis clausuras por uso ilegal, que incluye cancelaciones a concesiones a predios vinculados a políticos que votaron contra esta ley, mientras usaban estos títulos para un club de polo.
Desde Palacio Nacional, informó que con esta ley, se otorgan más facultades a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para combatir el uso ilegal, incluyendo la clausura, extinción de concesiones y multas de hasta 3.5 millones de pesos por abuso. La perforación ilegal de pozos y la extracción irregular de agua para venta en pipas ahora se sancionan con prisión y multas significativas.
La ley permite emitir normas para una medición adecuada del agua y limita las cuotas de garantía, asegurando que el agua no utilizada en una concesión regrese a la nación. Esto ha llevado a un incremento en la recaudación de 3 mil 500 millones de pesos en 2025 y se esperan 6 mil millones más este año, recursos que se destinan a obras hídricas.
Además, concluyeron casi 9 mil 500 trámites en beneficio de pequeños y medianos productores y comunidades. De esta forma, se reconoce los sistemas comunitarios de agua para mejorar los derechos hídricos para quienes carecían de ellos.
Casos de recuperación del agua
Por otro lado, la ley prohíbe la transmisión de derechos de agua entre particulares y cambios de uso para evitar que concesiones agrícolas se utilicen con fines de lucro.
Esto combate el acaparamiento y el mercado negro del agua, donde títulos de concesión se vendían para especular, incluso sin uso real. Gracias este cambio se detuvieron diversas irregularidades en los títulos de concesión como:
Caso Acuífero de Laguna de Hormigas en Chihuahua: se otorgaron 103 concesiones agrícolas y 284 constancias de libre alumbramiento sin uso real. Esto con el objetivo de especular y vender los títulos a quienes sí necesitaban el agua.
Asimismo, el titular de Conagua informó sobre el caso de la familia Calzada en Querétaro, quienes concentraban 628 mil metros cúbicos en cinco títulos. Esto en uno de los acuíferos más deficitarios del país. Las concesiones eran para uso agrícola y pecuario, que no generan cobro, sin embargo, se utilizaban para comercializar agua en pipas. Además, se utilizaba para abastecer desarrollos inmobiliarios y un club de polo con esquí acuático y grandes áreas verdes.
Sobre este tema, un diputado del PRI, con el mismo apellido de la familia Calzada, se opuso al cambio de la Ley de Aguas. Incluso, argumentó que “el agua es para el pueblo”. Como resultado, se les retiró la concesión y se clausuró dos veces el uso de agua en pipas.
Refresqueras y embotelladoras sin pagar
En otro caso, nombraron la situación de una refresquera (sin nombre específico), donde se detectaron 18 títulos irregulares. De estos títulos, no pagaban alrededor de 2.8 millones de metros cúbicos de agua.
Además, 10 títulos sobreexplotaron la cantidad concesionada, 42 concesiones no contaban con medidor y 10 incumplían con sus pagos. Se identificó un adeudo presuntivo de 234 millones de pesos. La empresa ha realizado un pago de 52 millones y busca regularizar su situación con Conagua.
Igualmente, se dio un caso similar en una embotelladora que presentaba irregularidades como la falta de medidores, y construcciones en zona federal sin permisos. Además del pago de solo 1 de 3 títulos de concesión y descargas sin autorización. La empresa se ha acercado a la autoridad, ha instalado medidores, conciliado su deuda de casi 44 millones de pesos. Actualmente ha pagado cerca de 24 millones para regularizarse.
Conagua entrega concesiones a municipios de Baja California
Por otro lado, gracias a estos cambios en la Ley de Aguas, se realizó la entrega de concesiones a municipios de Baja California. En una videollamada con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, se entregó, por primera vez, los derechos de explotación de agua a municipios Tijuana, Mexicali, Rosarito, Tecate y Ensenada.
Anteriormente, estos municipios debían pagar a distritos de riego que comercializaban el agua para beneficio personal, llegando a recibir 200 millones de pesos anuales. La nueva ley prohíbe esta práctica, permitiendo que los municipios paguen directamente a Conagua. Gracias a esto, los recursos se reinvertirán en obras públicas. Estas como la desaladora de Rosarito, saneamiento del río Tijuana y suministro de agua a San Quintín.
