Presentaron en el Congreso local una iniciativa para armonizar la Ley del Agua de Puebla con la Ley de Aguas Nacionales, con el fin de que se priorice el derecho humano al agua y al uso doméstico antes que al uso industrial. Además, buscará fortalecer la rectoría del Estado y de los municipios en la gestión del agua.
La diputada por Morena, María Soledad Amieva, presentó una iniciativa de reforma a la legislación estatal. En ella, busca garantizar el derecho humano al agua en Puebla.
La propuesta surge como respuesta a la obligación de armonizar las leyes locales con la recién promulgada Ley General de Aguas publicada en diciembre de 2025. Esta última ordena a los congresos estatales adecuar sus legislaciones para hacer efectivo este derecho.
Faltas a la Ley del Agua de Puebla
Una de las faltas que se señalan es que la actual legislación la considera un “servicio administrativo” y no como un derecho humano fundamental y exigible.
Asimismo, la Ley del Agua de Puebla carece de principios claros en materia de participación ciudadana, rendición de cuentas y control social. Esta situación debilita la gobernanza.
La legislación tampoco ofrece suficiente protección a grupos en situación de vulnerabilidad, como comunidades indígenas, personas con discapacidad, niñas, niños, adultos mayores y poblaciones rurales.
A esto, se suma la falta de herramientas efectivas para evaluar y supervisar la prestación del servicio, particularmente cuando está concesionado. Así como una desalineación con los estándares establecidos en la nueva Ley General de Aguas.
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Armonización de Ley estatal del Agua con Ley de Aguas Nacionales
Frente a este diagnóstico, la reforma propone una reconfiguración normativa del modelo de gestión del agua en el estado. Los ejes principales de esta transformación incluyen el reconocimiento expreso del derecho humano al agua y al saneamiento en la legislación estatal.
Además, plantea establecer principios de gobernanza como la participación ciudadana efectiva, la transparencia y la rendición de cuentas.
La iniciativa de ley busca fortalecer la rectoría del Estado y los municipios en la gestión del agua, incluso en esquemas de concesión.
La diputada Amieva argumentó que la actual legislación genera un “déficit de protección”. Esto impacta directamente en la aplicación de la política hídrica, especialmente en contextos de escasez, desigualdad territorial o cuando se afecta a grupos vulnerables.
Sobre la armonización con la reforma al Poder Judicial, el presidente del Congres, Pável Gaspar Ramírez, dijo que siguen esperando a que el gobernador Alejandro Armenta Mier envíe las reformas correspondientes.
