El comité de expertos del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC falló en contra de la Mina Camino Rojo, en Mazapil, Zacatecas, por confirmarse la injerencia del narcotráfico para extorsionar a trabajadores del Sindicato Nacional Minero sección 335.
En su resolución final, el MLRR aseguró que estas acciones “de índole penal” tienen un vínculo con la situación laboral y sindical de los trabajadores. Además, esta mina, propiedad de la empresa canadiense Orla Mining, está amparada por el instrumento del T-MEC. Por ello, esta situación sí le compete al panel de expertos, contrario a las argumentaciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).
Este panel concluye su análisis de la prueba estimando acreditado que sí hubo injerencia patronal indebida de Minera Camino Rojo, y que sí hubo coacción e intimidación sobre los trabajadores para que se desafiliaran del Sindicato Nacional Minero y se unieran a Beneficio de Minas. Esto ocurrió con conocimiento y aquiescencia de la empresa, además de ser consciente del alto nivel de peligrosidad de la zona en que está ubicada su operación.
¿Qué implica para Orla Mining el fallo del MLRR a favor de los trabajadores?
De acuerdo con la resolución final, la administración de la Mina Camino Rojo incurrió en prácticas como amenazas, coacción, intimidación, violencia física y despidos arbitrarios. Esto relacionado con el uso de miembros del narcotráfico para obligar a los trabajadores a afiliarse al Beneficio de Minas.
Ante esta situación, el MLRR sancionará a Orla Mining y la obligará a subsanar las violaciones a los trabajadores a través de distintas medidas. Entre estas, se le exigirá emitir una disculpa pública, reinstalación e indemnización a los trabajadores despedidos. Además, deberán implementar protocolos de neutralidad sindical.
Asimismo, se planteó la posibilidad de una visita a las instalaciones por parte de los representantes del Sindicato Nacional Minero. Igualmente, el sindicato deberá tener comunicación directa con la gerencia de la Mina Camino Rojo. Así como, el fortalecimiento de políticas de cero tolerancia a la violencia y capacitación en derechos laborales.
Cabe recordar que, el pasado 13 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que por parte de México existía una investigación penal por los supuestos vínculos con el narcotráfico y advirtió que habrá consecuencias de confirmarse el hecho. Esto pese a las declaraciones de Marath Bolaños López, titular de la STPS, quien aseguró que el MLRR no tenía facultades para investigar este caso.
