La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre la investigación en curso que se mantiene sobre la mina Camino Rojo en Zacatecas, propiedad de la canadiense Orla Mining, por presuntos vínculos con el narcotráfico y advirtió que habrá consecuencias en caso de confirmarse.
Desde Palacio Nacional, indicó que hablaría con Marath Baruch Bolaños López, titular de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social (STPS), para conocer todo el contexto de la situación y que informaría al respecto. Esto luego de que el secretario se pronunciara en contra de la investigación del Mecanismo de Respuesta Rápida (MRR) del T-MEC.
Claudia Sheinbaum afirmó que el uso del narcotráfico para amedrentar a los trabajadores es ilegal y que, de comprobarse, habría sanciones contra la mina Camino Rojo. Subrayó que ninguna empresa que utilice formas de intimidación contra los trabajadores actúa dentro de la ley.
Federación continúa investigación contra Orla Mining, pese a pronunciación de STPS
Por ello, aseveró que tales acciones constituyen delitos que se persiguen por ley. El caso es investigado por los mecanismos correspondientes.
Evidentemente ninguna empresa, ni las mineras, ni ninguna empresa que utilice cualquier forma de amedrentar a los trabajadores no está dentro de la ley, si hace esto, sino que además hay delitos que perseguir si se demuestra que esto fue así. Pero si nos permiten tener toda la información de todo el contexto.
Cabe recordar que, el MLRR emitió una resolución preliminar donde afirman que sí hay evidencias para sugerir vínculos de Orla Mining con el narcotráfico. Esto luego de las denuncias de trabajadores de la sección 335 del Sindicato Nacional Minero acusaron actos de violencia e intimidación por parte de estos grupos delincuenciales. Esto supuestamente con el fin de intimidar a los afiliados para que acepten a un sindicato afín a la compañía, situación que lleva dos años.
Cabe resaltar que esta empresa opera bajo el T-MEC, donde hay reglas a favor de los trabajadores, se trata del MLRR. Este mecanismo tiene la obligación de garantizar el acceso de los trabajadores a un sindicato electo libremente. Por ello, este caso tiene impacto en las negociaciones que actualmente hay alrededor de la renovación del tratado entre Estados Unidos, Canadá y México.
