La SCJN debe validar la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación ya que postula que la ciencia es un derecho humano y prioriza que las investigaciones tengan un impacto social. Además de facilitar el acceso a la información.
Así lo comentó Manuel Escobar Aguilar, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos del Sector de Ciencia y Tecnología (Fenasscyt), en entrevista con Ángulo 7. Recordó que el máximo tribunal sesionará esta semana o la próxima para revisar dos acciones de inconstitucionalidad, con folios 126/2023 y 128/2023, promovidas por legisladores de oposición.
En este sentido, indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe validar esta ley porque establece de manera explícita que la ciencia es un derecho humano en su primer artículo. Aunque reconoció que esto ya se contemplaba en el artículo 3 constitucional, resaltó que esto no se estipuló en la anterior legislación del 2002.
Además, señaló que esta ley impulsa que los científicos mexicanos empleen su conocimiento y la tecnología en favor de la sociedad. Así, se cambia el enfoque individualista, donde el valor de un investigador se define por el número de artículos que publica, por un enfoque que prioriza el impacto social de su trabajo.
En ese entonces, determinados números de artículos eran los que definían realmente tu valor como investigador, pero no se veía el impacto o realmente en dónde enfocabas esos esfuerzos.
A su vez, destacó la inclusión de una sección dedicada a la Estrategia Nacional de Acceso a la Información. Con ella, se busca que los resultados de la investigación científica del país lleguen a toda la población.
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Acción de inconstitucionalidad podría retroceder más de 20 años: Fenasscyt
Por otra parte, mencionó que, de no validar la Ley de Ciencia, la SCJN podría incurrir en “un retraso de más de 20 años”, a la ley mencionada de 2002. Indicó que se revisarán dos acciones de inconstitucionalidad, promovidas por legisladores de oposición.
El presidente de la Fenasscyt explicó que uno de los principales motivos por los que se presentaron estas acciones fue por “no haber tomado en cuenta a todas las comunidades científicas”. Ello resultaría en una forma de discriminación.
No obstante, señaló que la creación de la ley tuvo distintas fases, donde una de ellas fue la realización de foros de consulta. El primero de ellos se llevó a cabo en 2019, en la BUAP. Seguido de otras ediciones en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, por mencionar algunas.
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De acuerdo con la Fenasscyt, hay ciertos científicos que están en desacuerdo en que la ciencia no sea individualista y genere un impacto social. Este hecho se refleja en al menos 88 amparos contra la exclusión de investigadores del sector privado del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).
Eso es lo que buscan, que el recurso del SIN sea de manera individual, que se vuelva a reformar la estructura para que, a través de la medición de sus artículos, puedan tener acceso mayoritario a los proyectos.
Por último, mencionó que la ley, como cualquier instrumento jurídico, es perfectible, por lo que se puede modificar si la propuesta ayuda a mejorar. No obstante, sería un retroceso “tirar toda la ley”, fruto de un esfuerzo que inició en el sexenio pasado. Esto es en el periodo del expresidente Andrés Manuel López Obrador
