Durante mucho tiempo, hablar de gentrificación parecía una conversación reservada para urbanistas, economistas, desarrolladores inmobiliarios o especialistas en planeación territorial. Era un concepto técnico, aparentemente distante de la vida cotidiana de la mayoría de las personas. Hoy esa percepción ha cambiado profundamente. La gentrificación dejó de ser una categoría académica para convertirse en una experiencia concreta que impacta la vida diaria de miles de familias, redefine el territorio, modifica relaciones sociales y plantea una discusión de fondo sobre dignidad humana, cohesión social y el verdadero sentido del derecho a la ciudad.
El derecho a la ciudad, en su concepción tradicional, ha sido entendido como la posibilidad de acceder de manera equitativa al espacio urbano, a la infraestructura, a la movilidad, a los servicios públicos, al espacio común y a la participación colectiva en la construcción de la ciudad. Esa visión fue profundamente transformadora porque colocó a las personas en el centro del debate urbano, desplazando la idea de que la ciudad debía organizarse únicamente alrededor de la lógica económica o de la expansión material del territorio.
Sin embargo, la realidad contemporánea obliga a ampliar esa conversación. Porque no basta con poder circular por una ciudad si ya no es posible vivir en ella. No basta con hablar de infraestructura o conectividad si acceder a esos beneficios implica sacrificar cuatro o cinco horas diarias en traslados, deteriorar la salud física y emocional, reducir drásticamente la convivencia familiar y aceptar que el crecimiento económico puede terminar expulsando precisamente a quienes históricamente dieron identidad, vida y arraigo a esos territorios.
Te puede interesar
Derecho a la ciudad
Por eso hoy el derecho a la ciudad debe repensarse desde una perspectiva más humana e integral. Debe entenderse también como el derecho a permanecer, a habitar dignamente el territorio, a vivir cerca del trabajo, a conservar tiempo para la familia, a mantener vínculos comunitarios, a preservar identidad territorial y, sobre todo, a no ser desplazado indirectamente por dinámicas económicas desproporcionadas. En otras palabras, el derecho a la ciudad no puede limitarse al acceso formal a una urbe; debe incluir la posibilidad real de seguir formando parte de ella. Porque una ciudad verdaderamente humana no se mide solamente por la calidad de sus vialidades, la modernidad de sus edificios o la magnitud de su inversión inmobiliaria, sino por la vida que permite construir dentro de ella.
Esta conversación adquiere especial relevancia en Puebla. Durante años, el desarrollo urbano de la zona metropolitana fue presentado como una expresión clara de modernización y crecimiento. La transformación de Angelópolis, el surgimiento de Lomas de Angelópolis, la expansión inmobiliaria hacia San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Atlixco y otros corredores urbanos de la zona conurbada del centro del estado fueron vistos como señales inequívocas de competitividad, inversión y dinamismo económico. Y ciertamente Puebla necesita crecimiento, infraestructura y oportunidades. El desarrollo no es, por sí mismo, el problema. La verdadera pregunta es otra: qué tipo de desarrollo queremos construir y para quién debe funcionar la ciudad.
Memoria territorial
Porque detrás de muchos de estos procesos existe memoria territorial. Gran parte de los espacios que hoy concentran alta plusvalía no surgieron sobre territorios vacíos ni sobre lugares sin historia. Ahí existían comunidades, dinámicas campesinas, tierras con vocación agrícola, estructuras ejidales, formas de organización comunitaria y relaciones sociales profundamente vinculadas al territorio. Puebla también ha vivido discusiones sensibles sobre transformación del suelo, desigualdad territorial, concentración económica y procesos que dejaron heridas sociales todavía presentes en la memoria colectiva.
En términos humanos, esto obliga a reconocer que, en algunos casos, los cimientos del nuevo desarrollo urbano no descansan únicamente sobre concreto, sino también sobre memorias de injusticia, fractura social y desplazamiento.
A esta realidad se suma una dinámica económica que comienza a presionar de manera cada vez más visible a familias históricamente asentadas en distintos puntos de la región metropolitana. El incremento del valor del suelo, el aumento sostenido de rentas, los nuevos modelos de renta temporal, el turismo residencial y la llegada de perfiles nacionales e internacionales con capacidades adquisitivas muy distintas al ingreso promedio local están modificando el equilibrio económico del territorio. No se trata de rechazar a quienes llegan ni de construir narrativas de exclusión; se trata de reconocer una asimetría objetiva. Cuando el mercado inmobiliario opera sin suficiente regulación frente a economías profundamente desiguales, quienes históricamente vivieron en esas zonas comienzan a competir en condiciones claramente desventajosas. La consecuencia es conocida: la vivienda se encarece, el pequeño comercio se transforma, el costo de permanencia aumenta y el desplazamiento se convierte en una presión cotidiana.
Te puede interesar
Éxito económico
Pero quizá una de las contradicciones más profundas aparece en el terreno social. Muchos de los espacios residenciales y comerciales que simbolizan éxito económico funcionan diariamente gracias al trabajo de guardias de seguridad, trabajadoras del hogar, personal de limpieza, jardineros, repartidores, personal de mantenimiento y otros trabajadores de servicios. En no pocos casos, estas personas provienen precisamente de comunidades históricamente vinculadas a esos territorios. La paradoja es profundamente humana: quienes antes pertenecían plenamente al territorio, hoy muchas veces solo pueden acceder a él como fuerza laboral. Ahí aparecen prácticas silenciosas de discriminación, clasismo cotidiano, jerarquías normalizadas y relaciones sociales que fragmentan la idea de comunidad compartida. Y esa discusión también es, sin duda, una conversación de derechos humanos.
El impacto no termina ahí. Cuando el encarecimiento urbano obliga a las personas a vivir cada vez más lejos de sus centros de trabajo, la ciudad deja de ser únicamente un espacio físico y comienza a convertirse en una estructura de desgaste humano. Millones de personas en México salen de casa de madrugada, pasan horas en transporte, duermen menos, comen peor, reducen convivencia familiar y viven bajo estrés permanente.
La Organización Mundial de la Salud ha documentado ampliamente cómo los largos tiempos de traslado afectan salud física, salud mental y calidad de vida. Así, la desigualdad deja de ser solamente económica y se convierte en desigualdad territorial y desigualdad de tiempo. Algunos pueden vivir cerca de oportunidades y servicios; otros trabajan en la ciudad, pero ya no pueden habitarla.
Ese desplazamiento progresivo también produce otro fenómeno profundamente preocupante: la expansión de cinturones de pobreza en periferias cada vez más distantes, con menor infraestructura, servicios limitados y oportunidades reducidas. Conforme esto ocurre, se rompe el tejido social.
Ciudad deja de sentirse propia
La comunidad desaparece, los vecinos dejan de conocerse, el barrio pierde identidad y las redes de apoyo familiar se debilitan. La ciudad deja de sentirse propia. Esa fractura no siempre se expresa con violencia visible, pero erosiona cohesión social, deteriora convivencia y genera condiciones de inestabilidad mucho más profundas.
Lo que ocurre en Puebla no es un caso aislado. San Miguel de Allende, Oaxaca, Ciudad de México y Tulum ya muestran cómo la combinación de presión inmobiliaria, turismo residencial, renta temporal y desigualdad económica puede alterar profundamente el acceso local a vivienda y modificar el equilibrio comunitario. Puebla no está al margen de esas dinámicas. Por eso esta conversación no puede reducirse a una discusión inmobiliaria. Estamos frente a un tema de gobernabilidad, paz social, equilibrio territorial y estabilidad democrática.
Si normalizamos estos procesos como inevitables, si asumimos que el mercado resolverá por sí solo el problema y si permanecemos pasivos mientras comunidades completas pierden arraigo, terminaremos validando modelos de desarrollo que transforman físicamente el paisaje urbano, pero dejan fracturas profundas en cohesión social, justicia comunitaria y dignidad humana. El artículo 4 constitucional reconoce el derecho a una vivienda adecuada. Hoy esa conversación debe ampliarse hacia la posibilidad real de permanecer dignamente en el territorio.
Defender MI derecho a la ciudad es, en el fondo, defender el derecho a seguir formando parte de la comunidad que ayudamos a construir. Porque el verdadero desarrollo no debería medirse únicamente por cuánto crece una ciudad, sino por cuántas personas pueden seguir viviendo dignamente dentro de ella.
En nuestras redes sociales puedes ver nuestra colaboración en radio en los siguientes link
*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.
