La diputada federal del Distrito I en Puebla, Gissel Santander Soto, propuso en San Lázaro crear el Registro Nacional de Víctimas Indirectas de Feminicidio, el cual reconocería a las niñas y niños hijos de madres asesinadas, principalmente por parte de sus parejas.
Este domingo en rueda de prensa, la diputada dio a conocer las cinco iniciativas que presentó durante el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXVI Legislatura. Entre ellas, destacó la propuesta en materia de feminicidios, con la cual busca garantizar la identificación, protección y acceso a mecanismos de apoyo institucional.
Esta iniciativa que presentó en conjunto con la consejera de la Comisión de Derechos Humanos, Nohemí González, garantizaría la atención de niños que quedan en la orfandad y sufren de manera indirecta las consecuencias del delito de feminicidio.
De acuerdo con Nohemí González, en algunos casos de feminicidio, los hijos que quedan en orfandad, no cuentan con ninguna garantía por parte del Estado. Por ello, está iniciativa daría pauta para que el gobierno garantice los derechos al acceso a la justicia, la reparación del daño, salud y educación.
En ese sentido, Gissele Santander recordó un caso de feminicidio en el municipio de Xicotepec el pasado 25 de marzo. Reconoció que el gobierno del Estado y del municipio, junto con la Fiscalía de Puebla, lograron la detención del presunto culpable, Diego Alberto N.
Sin embargo, expuso que, así como este caso, se requiere de acompañamiento integral. Por ello, desde su casa de gestión en Huauchinango, busca brindar asistencia jurídica los problemas que se presenten entre los habitantes de la región.
Padrón de víctimas indirectas de feminicidio, derechos de migrantes e indígenas
Además del padrón de víctimas indirectas de feminicidio, Gissele Santander presentó cuatro iniciativas en materia de derechos de migrantes, personas indígenas y no revictimización.
La primera es establecer el derecho la unidad familiar, para que los niños que retornen a sus país de origen no se separen de familiares. Además, tipificar como delito las acciones de servidores públicos que revictimicen o constituyan violencia institucional en perjuicio de una victima.
Del mismo modo, busca asegurar que las personas indígenas reciban enseñanza en su lengua materna, acompañada de español y, cuando sea posible, una lengua extranjera. Finalmente, el reconocimiento de los saberes tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas como arte del patrimonio cultural de la nación.
M.H.C.