Gestores y trabajadores de centros comunitarios que dependen de gobiernos requieren derechos laborales plenos para cumplir objetivos sociales; en Pilares exigieron reconocer a cinco mil colaboradores abiertos al diálogo.
La demanda se expuso durante la mesa “Centros Comunitarios y Transformación Social”, organizada por Ángulo 7 Radio, con la participación de Liliana López Borbón, gestora cultural; José “Capi” Esparza, comunicador comunitario; Paola de la Vega, investigadora de la Universidad de Ecuador y Juan Pablo Salinas, profesor en el programa Pilares, de la Ciudad de México.
Las y los ponentes señalaron como reto central garantizar continuidad y operatividad de los centros comunitarios ante cambios de administraciones, además de reforzar su identidad social original.
Juan Pablo Salinas recordó que Claudia Sheinbaum creó el programa Pilares en 2019 durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México. En 2023 lo integró como Subsistema de Educación Comunitaria, con 300 sedes y más de cinco mil colaboradores.
Salinas explicó que el personal carece de derechos laborales, recibe solo estímulos económicos, cumple horarios obligatorios y reportes. Ante esto, rercibe entre ocho mil y nueve mil quinientos pesos mensuales.
Detalló que el programa recibió mil 46 millones de pesos este año y contará con mil 82 millones de pesos en 2026, por lo que solicitaron basificación y estabilidad laboral.
Afirmó que el reconocimiento laboral requiere voluntad política, cambios a reglas de operación y autorización de sindicalización mediante una reforma en la Secretaría de Cultura capitalina.
Debe quitarse la burocratización institucional
López Borbón señaló que el aparato cultural mexicano creció con recursos públicos, pero los recortes provocaron contrataciones precarias por honorarios y sobrecarga de trabajo.
Advirtió que promotores y gestores de centros comunitarios enfrentan salarios bajos, ausencia de derechos laborales, falta de prestaciones y seguridad social, debido a la burocratización gubernamental.
Criticó la institucionalización excesiva de la cultura comunitaria y programas que priorizan el espectáculo sobre la formación, lo que vacía de sentido los procesos sociales.
Paola de la Vega sostuvo que proyectos culturales fracasaron por control político y falta de autonomía, pese a su potencial transformador para cambiar visiones sociales.
Subrayó que las instituciones culturales deben operar con autonomía responsable, rendición de cuentas y vínculos comunitarios que fortalezcan proyectos colectivos sostenibles.
José “Capi” Esparza afirmó que los choques entre gobiernos afectan a los centros comunitarios, por lo que muchas iniciativas recurren a la autogestión y colaboración familiar.
Finalmente, pidió que los gobiernos acerquen convocatorias y apoyos a agentes culturales sin recursos, quienes sostienen proyectos comunitarios pese a la falta de respaldo institucional.
