Tras trece años sin cumplir con el pago de impuestos, la empresa Primero Empresa Minera S.A. de C.V. deberá pagar el crédito fiscal por 2 mil 868 millones 853 mil 516 pesos correspondiente al ejercicio del 2012, tras la sentencia de la nueva SCJN quien dio un revés al decreto de la expresidenta Norma Piña Hernández.
Dicha resolución aplica también para su actualización, recargos y multas que correspondan a este pago, tras resolver la reclamación presentada por Hacienda. Esta fue aprobada por unanimidad por ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Cabe resaltar que este proyecto lo promovió Lenia Batres Guadarrama para revertir el acuerdo emitido por Norma Piña. En ese entonces, la expresidenta de la Corte, promovió el recurso 276/2025 de la empresa filial de First Majestic Silver Corp. Tras esto, la minera deberá pagar estos impuestos como acusó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Amparos de minera para condonar impuestos
“Estamos incorporando ya en el proyecto que no a lugar a decretar ningún aplazamiento y mantenemos este proyecto de resolución” señaló Batres. Recordó que en algún momento, la empresa intentó aplazar la resolución del asunto con un diálogo con autoridades.
En ese entonces, la minera alegó la inconstitucionalidad de artículos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación. Acusó de violar sus derechos a la seguridad jurídica y al acceso a la justicia.
Por su parte, Hacienda sostuvo que la revisión carecía de interés constitucional o excepcional. Esto fue aceptado por la SCJN, quien determinó que la reclamación no amedrenta contra los derechos humanos y no es un “asunto excepcional en materia constitucional”.
Incluso, Batres agregó que la minera ya había promovido otros amparos para condonar el pago de impuestos. Esto sobre los artículos 34-A y 36 del Código Fiscal de la Federación y el 46, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Dichos temas que ya atendió la Corte y el pasado 23 de octubre se le impuso una multa de 70 UMA, igual a 8 mil pesos, por promover un recurso de impedimento infundado contra la ministra Yasmín Esquivel Mossa. Esto debido a que era un intento de retrasar el juicio, tema similar al del Grupo Salinas, que también detuvieron basándose en la reforma a la Ley de Amparo.
