La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada, la reforma a la Ley de Amparo con las modificaciones al artículo transitorio congruentes con las propuestas que presentó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, donde se especifica en cuales casos aplica.
Desde Palacio Nacional, la mandataria señaló que este arreglo es “prácticamente la misma propuesta que presentó aquí el ministro Saldívar”. Esto, recordando que el pasado 3 de octubre, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, expresidente de la SCJN y asesor de presidencia, sugirió una nueva redacción a la modificación del Senado.
Explicó que la propuesta se basa en jurisprudencias sobre la aplicación de nuevas leyes en procedimientos vigentes. Es decir, de echar para atras la modificación que realizó el Senado de la República para que la iniciativa aplicara de manera retroactiva.
Además, estos cambios a la Ley de Amparo incluyeron observaciones sobre “algunos puntos que los diputados consideraron que era necesario modificar” para que se aprobara.
Estas modificaciones están relacionadas con la suspensión en permisos y concesiones, es decir, que sí puede haber suspensión provisional. La mandataria señaló que hicieron esa modificación en contacto con la consejería jurídica, para garantizar el derecho a ampararse en casos de este tipo.
Aprobación de diputados en reforma a Ley de Amparo
Alrededor de las dos de la mañana, los diputados aprobaron que los cambios se apliquen a las etapas procesales futuras de los juicios que actualmente están en curso. El dictamen se aprobó con 322 votos en favor, con apoyo de Morena; y 128 en contra, impulsados por el PAN, PRI y MC.
Durante su intervención, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, calificó que la reforma a la Ley de Amparo tiene como objetivo el desechar las posibilidades del lavado de dinero, pues solo se logra cobrar 5 por ciento de los adeudos y “95 por ciento de los deudores que deben pagar, no lo hacen”.
Esto ya que señaló, existen 2 mil 73 créditos fiscales que empresarios poderosos se resisten a pagar. Así como 2 mil 66 juicios de nulidad pendientes de resolución firme, “con un monto superior a 100 mil millones de pesos solo este año”.
