Una jueza del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz emitió un fallo a favor para que Conagua y dos comisiones municipales elaboren un plan de saneamiento para la cuenca La Antigua. Lo anterior gracias a colectivos que denunciaron los daños.
El fallo fue emitido el 28 de mayo, cuando el juzgado otorgó la suspensión definitiva dentro del juicio de amparo promovido por la Asamblea del Agua de los Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua por los Ríos Libres y Limpios (Pucarl), en colaboración con la organización Territorios Diversos para la Vida (TerraVida).
Esta resolución obliga a que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 12 ayuntamientos y dos comisiones municipales de agua implementen medidas urgentes para reducir la contaminación en los cuerpos de agua de la región.
La suspensión definitiva tiene efectos cautelares, lo que significa que se mantendrá vigente mientras se resuelve el fondo del juicio. Su objetivo es evitar daños irreversibles a los ríos, humedales y a las comunidades que habitan en la cuenca.
Cuenca La Antigua: afectaciones a derechos humanos
La jueza consideró que los estudios aportados por las comunidades, elaborados con base en monitoreo ciudadano y solicitudes de información pública, documentan una contaminación severa por aguas residuales no tratadas.
De acuerdo con los colectivos, la contaminación afecta de forma directa el derecho humano al agua, la salud, el medio ambiente sano y el modo de vida de cientos de familias. Las medidas dictadas por el juzgado deberán aplicarse de manera conjunta entre las autoridades y las comunidades, lo cual representa un enfoque innovador al reconocer el papel protagónico de los pueblos en la protección de su territorio.
Desde 2010, habitantes de la cuenca han trabajado en el cuidado de sus ríos y humedales, articulándose en asambleas comunitarias. En 2023, integrantes de Pucarl instalaron una comisión de monitoreo que tomó muestras de agua en 13 puntos distintos ubicados en municipios como Xalapa, Coatepec, Teocelo, Jalcomulco y Apazapan.
Los resultados arrojaron que el 100 por ciento de los sitios monitoreados presentaban niveles de bacterias coliformes (E. coli) muy por encima de los límites permitidos para uso humano y vida acuática.
Frente a estos hallazgos, la Asamblea del Agua interpuso una demanda de amparo el 24 de marzo de 2025. En ella, además de denunciar la omisión de autoridades para atender la contaminación, exigieron el reconocimiento de los derechos del río como ser vivo y la implementación de un plan integral de saneamiento con enfoque comunitario.
La suspensión provisional fue concedida el 8 de abril y ratificada con la suspensión definitiva en mayo. Las comunidades demandaron acciones puntuales como identificar fuentes directas de contaminación, reactivar plantas de tratamiento de aguas residuales, mapear el sistema de saneamiento existente y activar juntas intermunicipales para la ejecución de soluciones.
Este fallo representa un precedente importante al aplicar los principios de precaución, in dubio pro natura e in dubio pro aqua, que priorizan la protección del medio ambiente en situaciones de incertidumbre científica. También marca un avance en la defensa de los derechos ambientales desde el ámbito judicial.
Colectivos celebran
Miembros de Pucarl celebraron la resolución y señalaron que el fallo abre una vía legal para frenar la crisis socioambiental que vive la región. Aseguraron que continuarán trabajando para lograr una sentencia definitiva que garantice el saneamiento estructural de la cuenca y el reconocimiento legal del río como sujeto de derechos.
Finalmente, tanto Pucarl como TerraVida hicieron un llamado a las autoridades a cumplir de inmediato con las medidas ordenadas, a las comunidades a fortalecer la participación y vigilancia ciudadana, y a la sociedad en general a sumarse a la defensa del agua y del territorio. Consideran que solo con organización colectiva podrá garantizarse un entorno sano para las generaciones actuales y futuras.