En 2024, México presentó 236 agresiones a defensores ambientales, de las cuales, el 8.9 por ciento terminaron en homicidios. Puebla, una de las entidades que más agresiones registró, alcanzó las 18, incluyendo el homicidio de 3 guardabosques en San Salvador El Verde.
Así se demuestra en el “Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México” del Centro Mexicano Derecho Ambiental (Cemda). Este registró un total de 26 tipos de agresión.
Los tipos de agresión que más ocurrieron:
- Intimidación con 27 casos
- Hostigamiento con 23 casos
- Homicidio con 21
- Criminalización y Estigmatización con 20 cada una
- Difamación 19
- Otras 19
- Amenaza 15
- Agresión física 14
- Daño en Propiedad 12
- Violencia de género 6
- Detención ilegal 6
- Robo 5
- Uso indebido de la fuerza 5
- Discriminación 4
- Ejecución extrajudicial 4
- Allanamiento 4
- Privación ilegal de la libertad 3
- Desaparición por particulares 2
- Agresión sexual 1
- Espionaje 1
- Desaparición 1
- Desaparición Forzada 1
- Secuestro 1
- Desplazamiento forzado 1
- Desalojo forzado 1
Puebla fue la quinta entidad con más casos, después de Ciudad de México, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca. La distribución de los 236 casos de agresión a ambientalistas fue de la siguiente manera:
- Oaxaca, con 42
- Chiapas: 32
- Ciudad de México, con 29
- Quintana Roo: 19
- Puebla: 18
- Michoacán: 16
- Baja California Sur: 13
- Aguascalientes: 11
- Sonora: 9
- Yucatán: 7
- Jalisco y Veracruz, con 5 cada una
- Morelos y Zacatecas, con 3 cada una
- Chihuahua, Guanajuato, Estado de México y Tabasco, con 2 cada uno
- Baja California y Sinaloa con uno, respectivamente
Puebla, con agresiones a defensores ambientales; registra 4 homicidios
Para el caso de Puebla, como una de las entidades con más agresiones a defensores ambientales, destaca el asesinato de tres guardabosques y del presidente del Comisariado Ejidal. Todos de la comunidad de San Andrés Hueyacatitla, del municipio de San Salvador el Verde.
El 25 de febrero de 2024, mientras realizaban una zanja en el bosque de Hueyacatitla, cerca de las laderas del volcán Iztaccíhuatl, con el objetivo de frenar el paso de los autos, talamontes armados arremetieron contra ellos.
Meses después, en noviembre, Marcos Sánchez Perea, presidente del Comisariado Ejidal, mientras se dirigía a una asamblea cuando fue asesinado a bordo de un vehículo particular.
La organización Cemda calificó a la zona como una zona de alto riesgo para los defensores del bosque Hueyacatitla.
Ejecuciones extrajudiciales
Las cuatro ejecuciones extrajudiciales en listadas por la organización, dos ocurrieron en Veracruz y dos en Oaxaca.
En el primer estado, durante una protesta del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres-Oriental en la comunidad de Totalco en contra de Granjas Carrol. La Fuerza Civil Veracruzana, para disuadir la protesta, abrió fuego contra ella, momento en el que Alberto Cortina Vásquez y Jorge Cortina Vásquez, hermanos, de 19 y 37 años, “fueron perseguidos y asesinados”.
El padre, al enterarse de la grave noticia le dio un infarto fulminante.
En Oaxaca, Adriana Ortiz García y Virginia Ortiz García, indígenas triquis de San Juan Copala, del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, fueron ultimadas la madrugada del 6 de noviembre en pleno centro histórico de Oaxaca.
La Fiscalía General del estado de Oaxaca dio a conocer que uno de los victimarios era elemento activo de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado.
Para frenar agresiones a defensores ambientales de Puebla y estados, necesaria consultas: Profepa
La titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Mariana Boy Tamborrell, estuvo presente en el informe de agresiones a defensores ambientales de Puebla y estados. En su participación refirió que por parte del gobierno federal hay compromiso para que los hechos no se repitan.
Señaló que ningún ciudadano debe correr peligro por decidir cuidar su territorio, la cual debe ser reconocida y acompañada, no solo por la sociedad, sino por “la autoridad, el gobierno”. Reconoció que en México “cuesta la vida defender el territorio”.
Destacó que desde Profepa se está trabajando para dar pronta respuesta para quienes denuncien las atrocidades de quienes dañen los ecosistemas. “Que los intereses privados no se apoderen de los territorios comunitarios, atropellando la voluntad y sus derechos”, manifestó.
Agregó que, además de lo antes dicho, la Profepa reconocerá los derechos de los pueblos, de que sean ellos quienes decidan que obras, que proyectos, son los que permitirán en sus pueblos. Sentenció que la consulta y el consentimiento previo será que algo que “debemos garantizar”.
Antes de dar concesiones, garantizar proyectos, se tiene que llevar acabo esta consulta previa informada (…) este es el primer paso fundamental para frenar las agresiones a defensores ambientales.
Finalmente, también aceptó que en México se tiene una deuda con los defensores, sobre todo, porque los principales agresores son “autoridades del ámbito local”. Agregó que no se dejará solo a ningún defensor ambiental.