En un año, Puebla pasó del segundo al primer lugar en agresiones a personas defensoras del medio ambiente con ocho por los conflictos ante la instalación de megaproyectos y el aumento del crimen organizado, informó el Cemda.
En su “Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales. 2018”, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) que documentó 49 ataques en 17 de las 32 entidades federativas.
Puebla es fuente, desde hace varios años, de un alto número de agresiones a personas defensoras de los derechos humanos ambientales y en el 2018 llegó a ser la entidad federativa donde más se han identificado agresiones, indica la organización.
Asevera que el estado vive un contexto de violencia generalizada desde hace varios años, donde se ha señalado el aumento de la presencia del crimen organizado en el territorio; además, se han visibilizado diversos conflictos socioambientales por la implementación de megaproyectos en la región.
El informe dedicó un subtítulo a Puebla con “Un ejemplo de criminalización: el caso de las personas defensoras del territorio de Cuetzalan”.
Y es que, en junio de 2015, el Comité del Ordenamiento Territorial Integral e Cuetzalan (Cotic) tuvo conocimiento de que la Comisión Federal de Electricidad (en adelante la CFE) había ingresado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), un proyecto denominado “Subestación Eléctrica Cuetzalan Banco I y Línea de alta tensión Cuetzalan-entronque Teziutlan II-Papantla”, informándoles que tienen que revisar el documento y emitir un dictamen analizando su procedencia.
El Cotic resolvió que el proyecto es incompatible porque tendría altos impactos negativos sobre el 67 por ciento de la zona arbolada y fragmentaría ecosistemas como los cafetales.
Tres asesinatos en Puebla
Los ocho ataques en Puebla fueron por criminalización, amenazas-intimidación, agresión física, tres homicidios, privación ilegal de la libertad y allanamiento. Los casos son los siguientes:
En enero, en Cuetzalan del Progreso, la víctima fue una comunidad por su oposición a la instalación de la línea eléctrica de alta tensión; el agresor, de acuerdo con el informe, fue el “Estado”.
En San Miguel Eloxochitlan, en febrero, la población recibió amenazas por alguien “no identificado” por rechazar un proyecto hidroeléctrico.
Nuevamente en Cuetzalan del Progreso, pero en marzo, una organización que está en contra de la instalación de la línea eléctrica fue agredida físicamente por alguien no identificado.
En mayo, en dicho municipio de la Sierra Norte, Manuel Gaspar Rodríguez, integrante del Movimiento Independiente Obrero, Campesino Urbano y Popular (Miocup), fue asesinado sin que se conozca quién fue.
En la localidad de San Juan Tahitic, municipio de Zacapoaxtla, dos personas, opositoras a un proyecto hidroeléctrico, fueron ultimadas, una, por el crimine organizado, mientras que de la segunda se desconoce quién fue el responsable.
Alguien no identificado privó de su libertad, en agosto, a un activista en contra de una minera en San Pedro Zoquitlán, municipios donde, dos meses después, un agresor no identificado allanó el domicilio de otro ambientalista de una organización que se opone a un proyecto hidroeléctrico y minería.
49 ataques en el país
No sólo eso, sino que Puebla es de los diez estados con más solicitudes de personas defensoras admitidas en el Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en el lugar cuatro.
La lista es la siguiente: Ciudad de México y Guerrero con diez, Oaxaca con ocho, Quintana Roo con siete, Baja California, igual que Puebla, con seis; Coahuila con cinco, Guanajuato con cuatro, así como Chihuahua y Michoacán con tres.
En 2018, de los 49 ataques registrados por Cemda, nueve de ellos ocurrieron en el contexto de proyectos de infraestructura: tres de los ataques están relacionados con un aeropuerto, uno se vincula con la construcción de una carretera, uno relacionado con la construcción de una base militar, otro vinculado con el proyecto de un gasoducto y tres agresiones con la instalación de una línea eléctrica de alta tensión.
El mayor número de ataques se registró en los proyectos de infraestructura, los cuales representan el 17 por ciento de las agresiones registradas en México en el 2018. De esos, la mayoría corresponde al contexto de proyectos de infraestructura en Puebla y en el Estado de México, relacionados, por ejemplo, con la línea de alta tensión y la construcción del aeropuerto.
