Luego de que un juez del Tribunal de Apelación en Hermosillo, Sonora, ordenará que se reabriera la investigación en contra de Luis Cárdenas Palomino por el operativo “Rápido y Furioso”, la tarde este 6 de junio se ordenó auto de formal prisión por parte de un Tribunal Federal.
El fallo judicial fue resultado de una apelación interpuesta por la Fiscalía General de la República (FGR), la cual consideró que existían elementos suficientes para reabrir el caso y llevar a juicio al exdirector de Seguridad Regional de la desaparecida Policía Federal.
Cárdenas Palomino es señalado por omisión al haber permitido el ingreso ilegal de armas, municiones y explosivos a territorio nacional durante el operativo encubierto implementado por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos.
La operación conocida como “Rápido y Furioso” fue desarrollada entre 2009 y 2011 con el objetivo de rastrear armas traficadas hacia México, sin embargo, fracasó al perderse el control sobre más de 2 mil 800 armas, muchas de las cuales terminaron en manos de grupos criminales.
El caso ha sido uno de los más polémicos en la historia reciente de la cooperación bilateral en materia de seguridad.
Auto de formal prisión a Cárdenas Palomino por “Rápido y Furioso”; ¿Qué otros delitos enfrenta?
Luis Cárdenas Palomino, identificado como colaborador cercano de Genaro García Luna, había obtenido anteriormente un fallo favorable de la jueza Karina Almada Rábago, del noveno distrito en Sonora, quien en enero de 2025 consideró que la FGR no había presentado pruebas suficientes para procesarlo. No obstante, un Tribunal de Apelación revocó esa decisión y ordenó su vinculación formal.
Pese a esta resolución, el exfuncionario no recuperó su libertad en ningún momento, ya que enfrenta otro proceso penal por el delito de tortura en agravio de Israel Vallarta, detenido durante el sexenio de Felipe Calderón.
Actualmente, Cárdenas Palomino permanece recluido en el penal federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez.
Además del señalamiento por tráfico de armas, las autoridades estadounidenses lo acusan de haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa, en el marco de las investigaciones contra la red de corrupción que encabezó García Luna. La reactivación del caso refuerza la presión sobre los actores involucrados en la estrategia de seguridad de aquella administración.