El Tribunal de Apelación de Chihuahua concedió la suspensión proceso penal a Francisco Garduño Yáñez, director del Instituto Nacional de Migración (INM), por lo que, continuará su proceso en libertad por el caso de 40 migrantes fallecidos en 2023 durante el incendio en Ciudad Juárez.
Los magistrados del Tribunal Colegiado de Apelación del 17 Circuito, de Ciudad Juárez, declararon, por unanimidad de votos, parcialmente “inoperante” e “infundada” la impugnación de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático. Los abogados de esta asociación representaban a 8 víctimas del incendio.
La impugnación de la Fundación fue contra la decisión del juez de control Víctor Manlio Hernández Calderón, quien había concedido a Garduño Yáñez, la suspensión del proceso.
Lo anterior, porque alegaron que esta suspensión condicional era invalida en virtud de varios amparos de las víctimas aún por desahogarse.
Así, la impugnación fue desestimada por los magistrados: Gabriel Alejandro Castillo Sabanero, Octavio Pineda Toribio y Emiliano López Pedraza, quienes validaron la suspensión condicional del proceso.
Estos estimaron como correcta la determinación del juez de control sustentándose en que se había acordado el pago de reparación del daño.
Suspensión del proceso penal de Garduño por incendio en INM
La reparación del daño comprendió tanto la atención psicológica, traslados, gastos médicos, como el aspecto monetario. Este pago ya se realizó con depósitos correspondientes a 35 víctimas del incendio en las Instalaciones del INM.
La Fundación apeló a que esta compensación debía realizarse desde los bolcillos del director del Instituto Nacional de Migración (INM). En cambio, este pago se realizó desde el Estado.
Sin embargo, el tribunal determinó que el Estado fue responsable solidario por los delitos ejecutados por sus servidores públicos. Esto con motivo del ejercicio de sus funciones.
Dicho de otro modo, el Estado en este tipo de ilícitos en que se encuentran involucrados servidores públicos en una clara violación a los derechos humanos de las personas, genera un deber de reparación adecuada en favor de la víctima o de sus familiares, a cargo de los poderes públicos competentes, en este caso el poder ejecutivo a través del Instituto Nacional de Migración.
El comisionado de Garduño Yáñez ganó la apelación, por lo que, se le concede la suspensión de su proceso en libertad; el tribunal de apelación respaldó esta decisión, pues se argumentó que ya se detuvieron a los responsables directos del incendio.
