La campaña judicial debe ser una oportunidad para que los candidatos escuchen los testimonios, exigencias y necesidades de la población y, de ese modo, construir de manera participativa una justicia con el pueblo, señaló Raymundo Espinoza Hernández.
El candidato número 42 en la boleta morada para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), expuso el proceso de elección judicial debe servir para crear un puente sólido entre quienes serán ahora operadores judiciales con los mexicanos.
“¿Qué justicia se va a construir si no es aquella que se construya con el pueblo?”, cuestionó Raymundo Espinoza.
De ese modo, a unos días de llegar a la mitad del periodo de campaña en la primera elección popular para renovar al Poder Judicial, el candidato lo consideró la antesala para una reapropiación social del derecho y la construcción de una justicia popular distinta. Con ello, confió Raymundo Espinoza, se permitirá reducir las brechas de desigualdad en el acceso a la justicia, punto nodal de esta reforma.
Y es que, reconoció, la justicia en México está dividido entre quienes tienen recursos para contratar abogados y acudir a tribunales; y entre quienes, ante la falta de recursos, solo pueden acudir a la defensoría pública o procuradurías.
“Esa justicia no es la misma que la de los más pobres, quienes lo único que les queda es acudir a la defensoría pública, con abogados del Estado y con todas las limitaciones; o bien, acudir a comisiones y procuradurías a presentar quejas que casi nunca prosperan”
El candidato a ministro, Raymundo Espinoza afirmó que la transformación del Poder Judicial está en marcha. Y es que, por primera vez, se ha generado un mecanismo institucional para que las personas participen y elijan a quienes fungirán como juzgadores.
¿Quién es Raymundo Espinoza, en campaña para ministro de SCJN?
Raymundo Espinoza es defensor de derechos humanos y colectivos, y acompañante de comunidades indígenas y campesinas en la lucha contra la contaminación, despojo y transgénicos. Académico y politólogo, es un referente en América Latina en crítica jurídica y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca).
Además, es asesor jurídico invitado en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), promotor de la educación jurídica popular y el litigio comunitario participativo.
Fue director jurídico del Conacyt, durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Allí, coordinó los trabajos para la creación de la primera Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Lghti). Se trató de un ejercicio inédito con amplia participación en foros públicos y consultas abiertas con expertos para garantizar hoy el derecho a la ciencia.
M.H.C.