La Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, en representación su coordinadora, Berenice Espinoza Moreno, explicó la reciente reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado.
Con esta nueva Ley Antilavado se abre un nuevo escenario para empresas, profesionistas y organizaciones que realizan actividades consideradas vulnerables. La normatividad establece penas de dos a ocho años de prisión por proporcionar documentación alterada o ilegible.
La modificación a la normativa marca un nuevo cambio de paradigma en el cumplimiento legal sobre las empresas. Esta nueva Ley Antilavado amplía las obligaciones, refuerza las sanciones y eleva la responsabilidad tanto de las empresas como de sus directivos.
De acuerdo con la especialista, la reforma no solo incrementara la vigilancia de las autoridades, sino que también a empresas y los directivos que la conforman.
Asimimo, también endurece las consecuencias para quienes incumplan, entre los principales riesgos destacan:
- Multas millonarias, con sanciones económicas más severas.
- Cancelación de sellos digitales, lo que impediría facturar.
- Responsabilidad solidaria, donde directivos y representantes legales pueden responder junto con la empresa.
- Pérdida de reputación, afectando la confianza de inversionistas, socios y clientes.
Ley Antilavado contempla consecuencias penales
En rueda de prensa, Espinosa Moreno explicó que uno de los cambios más sensibles es la introducción de consecuencias penales. A partir de ahora, quienes entreguen información falsa, alteren documentos o proporcionen datos ilegibles en los avisos obligatorios podrían enfrentar de dos a ocho años de prisión y multas de 500 a dos mil días de salario.
Esto significa que la nueva Ley Antilavado no solo podrá sancionar a las empresas que muestren fallos en su sistema.
Sino que también sancionara de manera personal administradores, representantes legales y oficiales de cumplimiento,
Asimismo, La Ley Antilavado también detalla nuevas medidas de prevención que deberán adoptarse, tales como:
- Identificación reforzada en clientes de alto riesgo y Personas Políticamente Expuestas (PEP).
- Conservación de información y documentos por mínimo 10 años.
- Implementación de sistemas automatizados para el control interno.
- Auditorías anuales para revisar el cumplimiento.
- Políticas internas de prevención, manuales y programas de capacitación.
- Supervisión directa de administradores y representantes legales.
En su oportunidad, José Darío Zamorano Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Bienio 2025-2026, expuso que aunque los ajustes en esta nueva Ley de Antilavado representa mayores retos, también ofrecen una oportunidad para fortalecer la cultura de transparencia y elevar los estándares de confianza en el sector empresarial.
“La nueva Ley Antilavado exige un mayor nivel de responsabilidad, pero al mismo tiempo abre la posibilidad de demostrar compromiso con la legalidad. Cumplir ya no es solo una obligación, sino una estrategia para la permanencia de cualquier negocio”, señaló.
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