La Huasteca Potosina es una región del estado de San Luis Potosí caracterizada por su riqueza natural, cultural y étnica. Varios pueblos como los nahuas, tének y pames, que conservan sus lenguas y tradiciones, habitan la región y han enfrentado procesos de despojo. Actualmente, la región enfrenta serias amenazas por megaproyectos energéticos, contaminación industrial y explotación de sus recursos hídricos, lo que ha provocado la movilización de sus comunidades en defensa del territorio y sus derechos colectivos.
Durante mi más reciente visita a la región, tuve la oportunidad de escuchar de primera mano la preocupación de los habitantes de comunidades de la Huasteca por la posible implementación del fracking para extraer gas y petróleo en cientos de miles de hectáreas distribuidas en varios municipios de la región, lo cual representa una grave amenaza ambiental y sanitaria para las y los pobladores.
Extractivismo en la Huasteca
El intento de fracking en la Huasteca se inserta en un modelo extractivo de explotación intensiva de hidrocarburos por medio de la perforación profunda del subsuelo con químicos altamente contaminantes que se impone sobre tierras de propiedad social. Esta técnica pone en riesgo las aguas subterráneas, manantiales y ríos de la región, lo que volvería insostenible la vida en la zona y provocaría el desplazamiento forzado de poblaciones enteras. Aunque la prohibición constitucional del fracking fue un compromiso expresado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, aún no se ha concretado.
Adicionalmente, la región enfrenta otras amenazas como la intención de trasvasar enormes volúmenes de agua del río Pánuco hacia ciudades del norte del país como Monterrey y Tamaulipas e incluso a ciudades estadounidenses como Texas. Este proyecto representa un riesgo grave para el equilibrio hídrico y ecológico de la Huasteca y el norte de Veracruz, pues se advierte un riesgo para las actividades económicas de las comunidades de la región. Además, se teme que una extracción masiva provoque la intrusión de agua salada del Golfo de México, lo que ya ha causado daños en el pasado a miles de hectáreas y fuentes de agua potable.
En esa misma línea, varios proyectos industriales que ya operan en la Huasteca Potosina están causando un grave deterioro ambiental y afectando la salud de las comunidades locales. Entre ellos destaca el complejo de termoeléctricas en Tamuín que emplea coque —un subproducto del petróleo— como combustible principal. Este material altamente contaminante emite compuestos tóxicos al ser quemado, lo que contribuye a la formación de lluvia ácida. Sus efectos se reflejan en la degradación del aire, el suelo y los cultivos, además de generar riesgos significativos para la salud de las personas, los animales y la biodiversidad de la región.
Contaminación de industria llega al agua
En la parte sur de la región, la planta de ciclo combinado de Iberdrola – hoy propiedad del gobierno federal – ubicada en Tamazunchale, San Luis Potosí, es una de las mayores termoeléctricas de América Latina, también representa una amenaza ambiental, ya que se calcula que extrae millones de metros cúbicos de agua al año para su operación, a la vez que provoca contaminación por la descarga de desechos industriales al río Moctezuma.
La contaminación generada por estas plantas se extiende a los cuerpos de agua más importantes de la región. Por ejemplo, en el municipio de Tamuín, las descargas de las termoeléctricas contaminan el río Tampaón con residuos químicos, alterando su temperatura, oxigenación y biodiversidad acuática. Mientras que las descargas de la planta de Iberdrola afectan a las comunidades que dependen de ese río para actividades domésticas y productivas.
A esto se suman los efectos de la agroindustria, especialmente los ingenios azucareros que operan en la parte norte de la Huasteca, las cuales requieren grandes volúmenes de agua para procesar la caña y, tras su uso, vierten residuos orgánicos e industriales directamente en los ríos. Hay al menos cuatro ingenios activos que contaminan significativamente, entre ellos los que descargan en el río Axtla, a través de afluentes como el río Huichihuayán.
Además, empresas como Citrofrut tienen señalamientos por sus prácticas contaminantes que deterioran la calidad del agua y afectan la salud de las comunidades aledañas. En Huichihuayán, esta juguera ha sido denunciada por emitir humo que agrava enfermedades respiratorias entre los habitantes, así como por descargar aguas residuales en cuerpos de agua locales. La contaminación detectada desde hace más de dos décadas también está generando daños a la salud pública, como se refleja en el incremento de enfermedades renales en comunidades cercanas.
Defensa del territorio huasteco
Las comunidades indígenas de la región que representan la mayoría de la población local emprendieron acciones informativas a través de asambleas comunitarias y coordinación regional para exigir el respeto a sus derechos colectivos. En particular, exigir el derecho a ser consultadas de manera previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada como un medio de defensa ante la posibilidad de implementar proyectos que afecten sus territorios. En algunos casos, estas comunidades han recurrido a tribunales para frenar proyectos nocivos impuestos sin consulta previa.
Estas acciones legales, combinadas con protestas, asambleas, investigación participativa y activismo cultural, han fortalecido una estrategia de litigio y resistencia articulada por los pueblos indígenas y campesinos de la Huasteca como respuesta a la amenaza extractiva.
Un ejemplo fue la oposición al gasoducto en los municipios de Tamazunchale y Huehuetlán, donde se logró una resolución favorable mediante un amparo promovido por las comunidades y respaldado por la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde llevaron ante tribunales federales la falta de la consulta previa, la fragmentación de la negociación con ejidatarios, la ausencia de la Manifestación de Impacto Ambiental en modalidad regional, las afectaciones a ríos y manantiales y los desmontes ilegales de vegetación sin cambio de uso de suelo autorizado.
Defensa ante el despojo
La defensa del territorio en la Huasteca Potosina, así como de los derechos de sus comunidades indígenas, campesinas y habitantes rurales, representa una lucha por la justicia social y ambiental frente al avance de megaproyectos energéticos. En esta región, la participación comunitaria y la articulación entre el desarrollo local y la protección de los entornos vitales son necesarios para garantizar el futuro de la región. Las omisiones del Estado ante las demandas colectivas han llevado a procesos de movilización, resistencia legal y organización social que configuran un legítimo movimiento socioambiental que desconoce la justificación narrativa del progreso si implica despojo, contaminación y desplazamiento de los pueblos originarios.
Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como la defensa del territorio y de la libre determinación no pueden omitirse bajo pretexto de los intereses económicos de la región. En eso consiste también las justicias de a pie.
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