Recientemente, tuve oportunidad de mirar de cerca el caso de la dársena de Santa Cruz en Huatulco, un símbolo de las tensiones no resueltas entre megaproyectos y derechos comunitarios, en el contexto de modelos neoliberales de gestión de infraestructuras públicas. Como revela el estudio Derechos de propiedad y gobernanza en el CIP Huatulco, el origen del diferendo se remonta a 1984, cuando el gobierno federal expropió 20,975 hectáreas —40 por ciento del territorio comunal de Santa María Huatulco— para crear el Centro Integralmente Planeado (CIP). Este acto, percibido como un despojo y una amenaza de desplazamiento, marcó el inicio de un conflicto que persiste hoy: la dársena, construida en 1992 como “marina de acceso abierto” que luego fue concesionada a la API-FONATUR, encarna la ambigüedad de derechos de propiedad que ha generado desconfianza, protestas sociales y un vacío regulatorio crónico.
La privatización de bienes comúnes y espacios públicos o su sujeción a las leyes del mercado fueron reglas de oro durante el régimen neoliberal. Su persistencia hoy representa resabios del neoliberalismo que es necesario superar. Los procesos de despojo y pauperización de las condiciones de vida de los propietarios originarios no se ha detenido. Las cooperativas que se resisten a sucumbir frente a los grandes negocios que circundan y han asaltado ya la bahía, antes fueron comunidades de pescadores nativos a quienes obligaron a refugiarse en la informalidad, optar por llenar solicitudes de trabajo en los hoteles que dominan el paisaje o bien convertirse en prestadores de servicios náuticos.
Despojo y desplazamiento
La organización y actividad de las 17 cooperativas de prestadores de servicios náuticos no es casual: refleja su trayectoria en la defensa de derechos colectivos y su comprensión de que proyectos como el CIP-Huatulco requieren soluciones que integren justicia redistributiva, participación comunitaria y sostenibilidad ambiental. Los procesos de despojo y desplazamiento de las personas originarias del lugar, que habitan y tradicionalmente realizan sus actividades económicas en torno a bahías de demanda creciente, a causa de emprendimientos turísticos y de urbanización, suelen verse acompañados de otras externalidades negativas como la contaminación y la afectación de la biodiversidad, por no mencionar el deterioro de las condiciones de vida de la población nativa y la pérdida de su cultura.
El problema inmediato y más evidente en el caso de Santa Cruz es la sobresaturación de la dársena, formalmente con una capacidad para resguardar 136 embarcaciones, entre turísticas, de recreo y pesca, pero con un registro efectivo de alrededor de 500, según información de la Asipona, la Capitanía de Bahías de Huatulco y el municipio de Santa María. No obstante, detrás del exceso de unidades marítimas subyacen problemáticas más profundas que amenazan los entornos vitales y la paz en el territorio.
Entre las problemáticas documentadas es dable mencionar la ambigüedad en los derechos de propiedad, la exclusión económica de las cooperativas de la región y el fracaso regulatorio. En 1992, como parte de la inauguración de la dársena, el gobierno federal colocó una placa de metal en la entrada, misma que contiene la expresión “para beneficio de la comunidad”, propósito que contrasta con los efectos reales de la concesión a la API y ahora a la Asipona.
De igual manera, a los pescadores y los prestadores de servicios —muchos hijos de comuneros expropiados— los desplazaron y orillaron a realizar trabajos informales. Además, la sobrepoblación de embarcaciones (más del doble de la capacidad) y la contaminación son consecuencias directas de las “estrategias de salida” de las autoridades.
Afectaciones ambientales
Algunas de las principales afectaciones ambientales nos remiten al manejo de los residuos de las embarcaciones, básicamente aguas oileosas (combustible) y aguas grises, así como a la destrucción de arrecifes y la puesta en peligro de aves, tortugas y otros reptiles. Adiconalmente, el crecimiento poblacional ha generado un aumento en la demanda de productos cárnicos, situación que ha impulsado la ganadería en la región sin que haya condiciones óptimas para ello.
Hacer frente a los procesos de despojo y desplazamiento que amenazan a los pobladores, pescadores y prestadores de servicios turísticos en las bahías de Huatulco implica ampliar la conciencia de la comunidad sobre los problemas enunciados y algunos otros, además de fortalecer su organización social y afianzar sus alianzas, con miras a realizar acciones estratégicas integrales (de orden político, legal y mediático).
Bahías de Huatulco
Para las autoridades, regularizar las embarcaciones requiere actualizar el padrón de prestadores, pues así podría establecerse una representación legítima. Mientras, para las cooperativas, parte del problema son las tarifas excesivas y el riesgo de ser desplazadas por empresas turísticas. Para la población y usuarios, la construcción de protocolos de emergencia climática es clave en una zona donde los megaproyectos exacerbaron la vulnerabilidad ambiental.
Es importante mencionar que el Parque Nacional Huatulco cuenta con un programa de manejo que busca proteger y conservar la biodiversidad de la zona. Sin embargo, es fundamental tomar medidas para reducir la sobrepoblación de embarcaciones y mitigar su impacto en las especies naturales.
La defensa del territorio y los derechos de los pobladores, vecinos y trabajadores, es una lucha por la justicia social y ambiental en la que la participación, así como la vinculación entre desarrollo y protección de los entornos vitales es crucial. La falta de atención puede provocar movilizaciones y protestas, hasta llegar a generar un legítimo movimiento socio-ambiental. Los negocios y la potenciación económica de la región no son pretextos para promover o tolerar políticas de despojo y desplazamiento en contra de la población local.
En casos como el de la dársena de Santa Cruz, el Estado mexicano debe asumir su rol de garante de los bienes y la calidad de vida de las comunidades del país, pero también como protector de grupos vulnerables y empobrecidos de México frente a las empresas que pretenden apoderarse de territorios y medios de subsistencia, así como subordinar la fuerza de trabajo. En esto y no en otra cosa consisten las justicias de a pie.
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