Las justicias de a pie se forjan en los mismos territorios que son destruidos, degradados o despojados por el avance del capitalismo. La adversidad común suele motivar a las poblaciones fragmentadas y diluidas a exigir justicia espontáneamente. En ocasiones los colectivos claudican en sus intentos agobiadas por la situación, sus propias limitaciones organizativas y los vericuetos legales en apariencia impenetrables. No obstante, al exigir justicia las poblaciones agraviadas también pueden convertirse en agentes del cambio social, en tanto sus batallas abren horizontes de reflexión crítica y acción transformadora.
Para convertirse en actores sociales las poblaciones deben reconocerse como unidad colectiva en medio de los procesos de resistencia por los que atraviesan, encontrarse consigo mismas en su situación histórica y constituirse en organizaciones conscientes que afrontan estratégicamente su adversidad con la pretensión de alterar el modo en que se gestionan las necesidades y capacidades públicas. Pero, precisamente, al asumirse como agentes del cambio social las comunidades agraviadas por el capital también se convierten en actores políticos y sujetos de la historia.
Las instituciones públicas y la legislación son también arenas de disputa donde se formalizan y configuran los derechos de la población, sus condiciones de posibilidad y los límites de su ejercicio mediante marcos normativos y políticas públicas, incluidas políticas de acceso e impartición de justicia. En este sentido, democratizar el Estado implica también dotar a las instituciones públicas y las leyes de contenidos colectivos y garantías para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, bajo dinámicas participativas que robustezcan la deliberación política y la toma informada de decisiones sobre asuntos de interés público, así como su ejecución y evaluación.
Las comunidades, académicos y abogados en México
En México, por muchos años la formación de conciencia social en las poblaciones agraviadas y la organización reflexiva de núcleos de acción colectiva articulados en diversas redes temáticas ocuparon los esfuerzos de activistas y líderes comunitarios en los ámbitos rurales y urbanos. Se trata de esfuerzos continuamente renovados y en constante actualización. La Red en Defensa del Maíz, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y la recientemente constituida Red Nacional de Pueblos Envenenados en Resistencia dan cuenta de ello.
Como parte de su propio andar, buscando justicia o al menos cierto reconocimiento y protección formal por parte del Estado, estas formas organizativas múltiples se han visto en la necesidad de acudir a la academia y apelar a la capacidad explicativa y constatativa del conocimiento científico y sus procedimientos. Particularmente, los colectivos tomaron conciencia de la relevancia práctica de las evidencias y las pruebas científicas, incluidos los peritajes, informes y exámenes, para la corroboración de los hechos y la determinación de responsabilidades.
La Ley General en materia de HCTI contempla expresamente a los Programas Nacionales Estratégicos entre los mecanismos e instrumentos públicos de fomento y apoyo. Los Pronaces buscan vincular la investigación científica con la prevención, atención y solución de problemáticas nacionales concretas conforme a agendas temáticas en materia de salud, agua, educación, cultura, vivienda, soberanía alimentaria, agentes tóxicos y procesos contaminantes, seguridad humana y sistemas socioécológicos, así como de energía, cambio climático y transición energética.
Como se ve, los Pronaces responden a la necesidad objetiva de vincular a la academia con las comunidades agraviadas por el neoliberalismo en búsqueda de justicia, misma que se traduce en la obligación pública de promover procesos de investigación con incidencia social efectiva en problemáticas nacionales.
Ahora bien, la construcción de sujetos colectivos que impulsan a conciencia y de manera organizada cambios en la sociedad más allá de las condiciones y los límites del régimen neoliberal ha supuesto de forma inexorable la reflexión sobre el despojo de territorios y bienes comunes, así como sobre los riegos y daños ambientales y de salud a los que se ve expuesta la población, incluidos los trabajadores mexicanos, en el marco de la integración hemisférica de América del Norte en sus distintas facetas (del Tlcan al T-MEC).
Los Pronaces han contribuido a ello, y es que el desarrollo de actores sociales requiere que el nivel de conciencia y la información disponible para la población sean cualitativamente distintos. He aquí la relevancia del derecho humano a la ciencia, pues el acceso universal y la apropiación social del conocimiento científico y las herramientas tecnológicas y de innovación financiados con recursos públicos son la base para la maduración de los colectivos en resistencia.
No obstante, el problema de la democracia y la justicia, es decir, de la política y del Derecho, sigue apareciendo como un gran pendiente en el andar de las comunidades agraviadas. Precisamente, el siguiente paso en la construcción de sujetos colectivos tiene que ver con la democratización de los espacios públicos y la reconfiguración del modelo de impartición de justicia y el perfil de juzgador.
Reflexión comunitaria, democracia y justicia
La reflexión comunitaria sobre las cuestiones sustantivas (el ambiente, la salud, el agua, la alimentación y demás) no puede avanzar sin la reflexión simultánea y transdisciplinaria sobre ciencia y tecnología, pero tampoco puede ir más lejos sin incorporar las discusiones sobre democracia y justicia. Las comunidades agraviadas por el neoliberalismo no pueden ser indiferentes ni rechazar esta certeza en tanto se trata de un triunfo de la inteligencia colectiva comunitaria y una de sus principales conquistas intelectuales.
Así las cosas, los procesos populares de exigencia de justicia en el México contemporáneo han avanzado de la construcción de base social a la incorporación de la academia, el conocimiento y los procedimientos científicos como herramientas de lucha en los procesos de reivindicación de derechos, hasta llegar más recientemente a incluir en la discusión la cuestión institucional y jurídica que ponen sobre la mesa las aspiraciones de democracia y justicia del pueblo de México.
Por ello, además de la comunidad científica, ahora es indispensable que la comunidad jurídica nacional participe en la transformación del país y contribuya a consolidar agentes del cambio social. Para lograrlo es menester superar la cultura jurídica heredada por el neoliberalismo y retomar los principios de soberanía nacional y justicia social que han caracterizado históricamente al constitucionalismo mexicano frente a los dogmas de la teoría jurídica convencional que rigen la enseñanza, la investigación, la producción y la interpretación del Derecho en México.
Finalmente, si queremos tomarnos en serio la misión de acercar la justicia a la gente debemos incluir en los debates sobre una reforma judicial integral el ineludible fortalecimiento de la defensoría pública y el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos.
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