Cuando termina un año, toca hacer cuentas. Y una de las más difíciles es preguntarnos qué está pasando con la libertad de expresión en México. Este derecho no es patrimonio exclusivo de quienes trabajan en medios de comunicación; nos pertenece a todos. Cuando lo lastiman, las consecuencias van mucho más allá de una industria: tocan la médula de nuestra democracia y nuestra capacidad para entender el mundo que habitamos.
Los números hablan por sí solos y no dejan espacio para el autoengaño. Durante 2024, organizaciones como Artículo 19 contabilizaron 639 agresiones dirigidas a periodistas y medios en nuestro país. Traducido: cada 14 horas aproximadamente ocurre un ataque. Ya en 2025, entre enero y julio, se documentaron 51 episodios de acoso judicial que alcanzaron a 39 periodistas y 12 medios. No hablamos de estadísticas vacías. Detrás de cada número hay demandas, amenazas, intimidación y una intención clara: cansar, silenciar o mandar un mensaje que otros puedan leer.
Este deterioro golpea todo el sistema. Para quienes emprenden en medios, desalienta la inversión, frena la innovación y dificulta la profesionalización. Pero el daño más hondo lo sufre el espacio público: sin periodismo crítico, la rendición de cuentas se vuelve teatro, los contrapesos desaparecen y los errores se perpetúan. Intentar callar o restar importancia al periodismo no fortalece al poder; al contrario, lo expone como endeble.
La libertad de expresión abre puertas. Nos permite asomarnos a lo que sucede en barrios, oficinas públicas y salones de gobierno. Convierte a periodistas y medios en portavoces de realidades que, sin ellos, permanecerían invisibles. El periodismo genera conversación, obliga a reflexionar, incomoda y pone en duda certezas. Justo por eso importa. Todos decimos querer vivir en democracias donde la gente está informada y piensa por sí misma, pero al mismo tiempo se toleran la censura, el hostigamiento y las campañas de desprestigio como si fueran parte del paisaje.
Censurar —o minimizar el derecho a informar— no es señal de madurez cívica. Es síntoma de instituciones frágiles y de poca vocación democrática. Sobre todo cuando la ley es explícita: la Constitución mexicana resguarda la libre expresión y el derecho a la información. Usar el andamiaje legal para amedrentar no es hacer justicia; es pervertir su sentido.
“Nomás te voy a dar un dato, a los periodistas no hay que matarlos a balazos papá, hay que matarlos de hambre”: Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, 2022.
A esto se agregan relatos construidos no para acercarnos a los hechos, sino para moldearlos según conveniencias. Discursos que invalidan, restan peso o desacreditan el trabajo periodístico y que, en lugar de informar, propagan ignorancia y confusión. Cuando solo se permite una versión oficial, la sociedad pierde la oportunidad de comprender sus complejidades y queda atrapada en narrativas incompletas. Escuchar a las y los periodistas, contrastar distintas voces y conocer lo que tienen que contar no nos debilita: nos hace más lúcidos, más libres y mejor preparados para decidir.
Terminar el año con esta reflexión no es caer en el pesimismo, es ejercer responsabilidad. La pregunta no debería ser si el periodismo molesta, sino por qué molesta tanto. Defender la libertad de expresión no es proteger a un grupo particular: es proteger el derecho de todos a saber, a discutir y a tomar decisiones informadas. Sin eso, cualquier discurso de avance se queda en palabras huecas. Con eso, incluso en medio de la crítica más áspera, hay margen para construir futuro.
