La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionó la decisión de la Fiscalía de Veracruz por la imputación del delito de terrorismo contra el periodista veracruzano Rafael León Segovia. Llamó a que expliquen sus razones lo más pronto posible.
Desde Palacio Nacional expresó su preocupación por las razones de la fiscalía para utilizar este delito, ya que nunca se había imputado una acusación por terrorismo en México. “Porque no ha habido una acusación por terrorismo en México yo creo que nunca. Tiene que explicar la fiscalía por qué usa este delito”. Subrayó la importancia de asegurar la libertad de expresión por encima de todo.
Además, indicó que, si el periodista cometió un delito probado y real, la fiscalía debe explicarlo, al igual que la acusación de terrorismo. Asimismo, deberán asegurar que su imputación no esté relacionada con su trabajo periodístico. Esto porque, de ser el caso, estarían incurriendo en censura.
Primera imputación de terrorismo es contra periodista
La presidenta reiteró que la fiscalía de Veracruz debe garantizar la libertad de expresión y explicar la razón de la detención. Recordó también que en la rueda de prensa de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, afirmó que la detención no estuvo relacionado a un tema de censura.
Añadió que, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, está en contacto con la gobernadora para esclarecer la situación. También para escuchar de primera mano las razones para imputar el delito de terrorismo al periodista.
La detención de Rafael Segovia tuvo lugar en el puerto de Coatzacoalcos el pasado 26 de diciembre, donde recibió prisión preventiva oficiosa. Tras ello, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que dará seguimiento al tema.
Según la fiscalía “se formuló una imputación ante el juez de control del distrito Judicial de Coatzacoalcos, en contra de Rafael N, previsto en el artículo 311 del Código Penal” del estado. Este delito se refiere al terrorismo, por lo que el periodista podría ser castigado con hasta 30 años. Esto por “por producir alarma, temor y terror en la población”.
