El exgobernador priista Mario Marín Torres determinará la empresa que le colocará el brazalete electrónico, así como pagará por el dispositivo durante su arraigo domiciliario en la ciudad de Puebla, tras la revocación de prisión preventiva justificada que otorgó la jueza Angélica del Carmen Ortuño.
Como parte de las medidas cautelares que le impuso la jueza por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, el expolítico tendrá que dar una garantía económica de 100 mil pesos, aunado a la prohibición de acercarse a la víctima, vigilancia y resguardo domiciliario, así como tiene prohibido salir de la República Mexicana.
En este tenor, el cambio de medida cautelar de prisión preventiva que tenía Mario Marín Torres, ahora implica que permanecerá en prisión domiciliaria en Puebla mientras continúa el proceso legal para el dictado de sentencias por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho.
En este sentido, la jueza Angélica del Carmen Ortuño pidió a Mario Marín que en un plazo máximo de tres días contados a partir del cambio de medida cautelar le informe el mismo al Ministerio Público la empresa que deberá realizar la colocación del brazalete.
“Además el señor Marín quedará sujeto a la colación de un brazalete electrónico para su localización en tiempo real dentro de este domicilio (…) Esto deberá realizarse en un plazo máximo de tres días contados a partir de esta determinación. Señor Marín tiene usted 24 horas para proporcionar al Ministerio Público la empresa que deberá de realizar la colocación del brazalete”.
Marín pagará a empresa elegida por uso de brazalete
Es así como la determinación de la jueza implica que Mario Marín pagará a la empresa por el uso del brazalete electrónico, definido como unidad codificadora de señales para la transmisión de datos, a un Centro de Monitoreo.
En este tenor, tomando como referencia a la empresa GPS Monitor que coloca brazaletes, en sus especificaciones señala que al solicitar el dispositivo se debe hacer un depósito de garantía, por 15 mil 900 pesos, el cual es reembolsable.
Asimismo, un pago de 3 ml 468 pesos por la instalación del brazalete y otro depósito de 33 mil 408 pesos por el arrendamiento, tomando en cuenta seis meses de proceso.
Mientras que el costo por los servicios administrativos en caso de cambio en tipo de medida cautelar es de 5 mil 568 pesos y para retirarlo podría costar hasta 3 mil 468 pesos.
“A través del arrendamiento y colocación de nuestros localizadores electrónicos de última generación, podemos monitorear a imputados y sentenciados, ofreciendo a la Autoridad la notificación de cualquier alerta que generen los portadores de brazaletes. El Arrendamiento y colocación del localizador electrónico, se lleva a cabo una vez que se emite la autorización por parte de un Juez.”
Respecto a la calidad de equipo indica que en caso de que se vaya la energía eléctrica se debe hacer un reporte al área de soporte Técnico de GPS Monitor para evitar alertas. Por lo que el dispositivo seguirá reportando información sólo si cuenta con el nivel de óptimo de batería.
La empresa detalla que el brazalete es a prueba de agua, por lo que puede bañarse sin problema, pero queda prohibido nadar, meterse al mar, jacuzzi, ríos, etcétera, ya que se perdería comunicación con el implicado.
El exgobernador priista fue detenido en febrero de 2021 en Acapulco, Guerrero, por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, quien lo exhibió en el libro “Los demonios del Edén”, al ser integrante de la red de pederastia y pornografía infantil que tenía en coordinación con altos mandos del poder.
Cabe decir que entre los miembros de la red de pederastia está Adolfo Karam Beltrán, exdirector de la Policía Judicial de Puebla, quien también dejó la prisión el pasado 7 de agosto. Esto, a un mes de la muerte del libanés Jean Succar Kuri, quien también formó parte de los líderes de esta red.
Tras la aprehensión, estuvo recluido en Cancún, Quintana Roo y más tarde fue trasladado al penal del Altiplano, al oriente del Estado de México, donde se encontraba hasta agosto de 2024.
Esto luego de que la jueza de Jueza Segundo de Distrito en Quintana Roo, Angélica del Carmen Ortuño, determinó que la prisión preventiva justificada que tenía exgobernador priista no ameritaba esta medida cautelar por el delito de tortura y protección de redes de trata infantil.
