El presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, reprobaron la liberación de Mario Marín Torres, exgobernador de Puebla. Señalaron que es parte del modus operandi del Poder Judicial y que, por ello, es necesario reformar este poder para frenar la impunidad.
Del mismo modo, el gobernador elector, Alejandro Armenta Mier, se deslindó de Marín Torres, al mismo tiempo que le extendió los brazos a la periodista Lydia Cacho Ribeiro para “impulsar cualquier lucha en favor de la justicia y las mujeres”.
En ese mismo orden de ideas, el primer mandatario poblano, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, se mostró respetuoso de la decisión del Poder Judicial, sin embargo, aclaró que “su administración no tiene preferencias y que la justicia debe seguir su curso”.
Por la mañana del lunes 12 de agosto, López Obrador reveló que existe un contubernio entre el expresidente, Felipe Calderón Hinojosa y el Marín Torres, priista poblano. Y es que, añadió, el priista le ayudo a Calderón Hinojosa a gestar el supuesto fraude electoral de 2006.
Destacó que su liberación es un ejemplo de los intereses que existen dentro del Poder Judicial. Aprovecho para reiterar la importancia de una reforma, para que la impunidad se perpetúe en dicho poder.
Horas más tarde, Sheinbaum Pardo, saliendo de su casa de transición fue cuestionada sobre la determinación. “Otro sábadazo”, dijo sorprendida la presidenta electa, al tiempo de que agregó que con la reforma se podrá frenar estos abusos.
Mario Marín elegirá empresa que le colocará brazalete
El exgobernador priista Mario Marín Torres determinará la empresa que le colocará el brazalete electrónico, así como pagará por el dispositivo durante su arraigo domiciliario en la ciudad de Puebla, tras la revocación de prisión preventiva justificada que otorgó la jueza Angélica del Carmen Ortuño.
Como parte de las medidas cautelares que le impuso la jueza por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, el expolítico tendrá que dar una garantía económica de 100 mil pesos, aunado a la prohibición de acercarse a la víctima, vigilancia y resguardo domiciliario, así como tiene prohibido salir de la República Mexicana.
En este sentido, la jueza Angélica del Carmen Ortuño pidió a Mario Marín que en un plazo máximo de tres días contados a partir del cambio de medida cautelar le informe el mismo al Ministerio Público la empresa que deberá realizar la colocación del brazalete.
En este tenor, tomando como referencia a la empresa GPS Monitor que coloca brazaletes, en sus especificaciones señala que al solicitar el dispositivo se debe hacer un depósito de garantía, por 15 mil 900 pesos, el cual es reembolsable.
Asimismo, un pago de 3 ml 468 pesos por la instalación del brazalete y otro depósito de 33 mil 408 pesos por el arrendamiento, tomando en cuenta seis meses de proceso.
Mientras que el costo por los servicios administrativos en caso de cambio en tipo de medida cautelar es de 5 mil 568 pesos y para retirarlo podría costar hasta 3 mil 468 pesos.
