El Congreso de la Unión declaró la constitucionalidad de las reformas que contemplan un nuevo impuesto minero y a la explotación de recursos naturales; así como para ampliar la prisión preventiva oficiosa a delitos de extorsión y tráfico de fentanilo.
Luego de la aprobación por la Cámara de Diputados y de Senadores, ambas iniciativas concluyeron el proceso legislativo que avala su constitucionalidad. Con ello, las iniciativas se turnaron a la titular del ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Una vez que se publiquen, ambas entraran en vigor para sus efectos conforme lo disponen los dictámenes correspondientes.
Impuesto minero y al uso de ANPs
La reforma a la Ley Federal de Derechos busca garantizar la rectoría del Estado sobre sus recursos naturales y que su uso se traduzca en desarrollo para la población. La Cámara de Diputados la aprobó este martes con 80 votos a favor del oficialismo y 37 en contra de la oposición.
Con su aprobación, en el 2025 incrementarán los impuestos para servicios migratorios, minería y telecomunicaciones. Además, los impuestos para el uso, exploración o aprovechamiento de aguas nacionales, espacio aéreo mexicano y Áreas Naturales Protegidas (ANPs).
Esta contempla para el 2025, ingresos por derechos, aprovechamientos y productos por 374 mil millones de pesos. La cifra representa un aumento del 10.4 por ciento, respecto a lo programado para el cierre del presente año.
Prisión preventiva a extorsión y tráfico de fentanilo
En el caso de extorsión y tráfico de fentanilo, se implementarán la prisión preventiva oficiosa con la reforma al párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución.
Esta establece que el juez ordenará la medida cautelar de prisión preventiva oficiosamente en los casos de extorsión. Misma situación para delitos de tráfico de precursores y sustancias químicos esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados.
También, en los casos de contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales en los términos fijados por la ley.
El dictamen recibió la aprobación de los Congresos de Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.