La Cámara de Senadores avaló una reforma a la Constitución para que no pueda justificarse el ejercicio de los usos y costumbres de pueblos y comunidades indígenas para realizar alguna práctica que vaya contra los derechos de las niñas, niños y adolescentes que vivan en ellas.
Si bien es preciso garantizar el respeto de los usos y costumbres de las comunidades indígenas, como la misma Carta Magna lo establece y de acuerdo con tratados internacionales de los que es parte México, enfatizaron, que tales prácticas no pueden estar por encima de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.
Los cambios al artículo 2 de la Carta Magna fueron avalados por 76 votos y turnados a la Cámara de Diputados, pues advirtieron que las niñas y adolescentes que pertenecen a comunidades indígenas, corren mayor riesgo de sufrir actos que violen sus derechos, como es el caso de los matrimonios forzados.
“Con esta reforma constitucional se pretende contribuir a una protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes que pertenecen a las comunidades indígenas del país, considerando de suma relevancia el respeto a su interés superior, sin perjuicio del derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios”
Senado de la República
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, de Morena, expuso que los matrimonios y uniones infantiles forzados tienen muchas causas, pero principalmente son impulsadas por normas de género que privan a las niñas y adolescentes de sus derechos sexuales y reproductivos.
La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT, lamentó que en localidades de estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, persistan prácticas que atenten contra la libertad de decisión y trasgredan los derechos humanos de las niñas y adolescentes indígenas con lo que, tan sólo en esta última entidad, se tenga registro de que 300 mil niñas han sido vendidas para matrimonio.
