El paro de labores de jueces y magistrados generó la cancelación de 12 mil 488 audiencias que debieron celebrarse entre el 20 de agosto y el 30 de septiembre, reveló la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.
Al participar en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Rodríguez Velázquez presentó un informe sobre los “Excesos en el Poder Judicial”, los cuales van desde incumplir con la disposición constitucional de que ningún servidor público puede recibir una percepción superior a la del titular del Poder Ejecutivo, los casos en los que jueces y magistrados favorecieron a delincuentes con su liberación y en nepotismo al interior del Poder Judicial.
A la par, la titular de Gobernación destacó que, a pesar de que en dos meses de paro de labores en el Poder Judicial, los juzgadores celebraron 31 audiencias, pero en 16 casos no emitieron las órdenes de aprehensión correspondientes.
Asimismo, señaló que hay 655 apelaciones pendientes de resolución; de ellas, el 52 por ciento tiene entre cuatro y 23 meses esperando que los jueces y/o magistrados dicten una sentencia.
Sheinbaum consultará al Legislativo sobre presunto desacato
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que, a través de la Consejería Jurídica, consultará a la Cámara de Diputados para conocer si es correcta la disposición de la juez Nancy Juárez Salas de ordenar la eliminación del decreto de la reforma judicial.
Explicó que, hasta el momento, no ha sido notificada del supuesto desacato en el que incurrió al no bajar la publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF), en un plazo de 24 horas.
“En el momento en que recibamos la notificación le vamos a preguntar al (Poder) Legislativo porque ellos son los que ordenan la publicación y ahora una jueza, violando la Ley de Amparo, pide que se elimine”.
Sheinbaum Pardo reiteró que la juez Juárez Salas no tiene facultad para ordenar la suspensión de la reforma judicial, pues el artículo 61 de la Ley de Amparo señala que el “juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución”.
La presidenta descartó que la resolución de la juez Juárez Salas pueda considerarse como un “golpe de Estado blando”, por lo que consideró que las estrategias emprendidas por los juzgadores federales pueden entenderse como una “resistencia” a perder sus privilegios.





