La empresa minera, Almaden Minerals, reclamó al gobierno mexicano el pago de 200 millones de dólares como indemnización por la cancelación de la concesión minera en Ixtacamaxtitlan, Puebla, en julio de 2022, luego de años de lucha de pobladores y ejidatarios del municipio.

Almaden Minerals argumentó la perdida de las inversiones realizadas durante 20 años de exploración en el proyecto Ixtaca, a través de la filial Minera Gorrión.  Por lo que mantendrá los litigios a través de un arbitraje internacional buscando ampararse bajo el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Cptpp).

La apertura de este litigio fue informada mediante un comunicado de prensa firmado por Duane Poliquin, presidente de Almaden Minerals. Allí confirma la continuidad del proceso judicial, tras no llegar a acuerdos con la Secretaría de Economía desde el pasado 30 de mayo cuando representantes de ambas partes se reunieron.

Esto, ya que la minera reclama no solo el pago de la concesión, sino también el pago de daños por no continuar con la extracción de oro y minerales. De los cuales, 40 millones de dólares corresponderían a la inversión realizada por la empresa y más de mil millones por las ganancias que habrían obtenido.

Mientras que la federación argumentó la no realización de una consulta a pueblos indígenas para autorizar dicha explotación.

¿Por qué cancelaron el proyecto de minera en Ixtacamaxtitlán?

El litigio contra la minera de Almaden Minerals en Ixtacamaxtitlán, inició hace más de ocho años. Esto, por parte de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa del Agua, la Tierra y la Vida y otras organizaciones. Ya que, denunciaron, los proyectos de minería a cielo abierto de Almaden provocaron daños graves al medio ambiente, además de violaciones a los derechos humanos.

El 12 de abril de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ordenó cancelar las concesiones otorgadas a la minera. Dando la razón a la Secretaría de Economía sobre que no era factible otorgar los títulos de concesión correspondientes a Cerro Grande y Cerro Grande 2. Ya que, en el proceso de Almaden Minerals, se violó la Ley Minera y su reglamento.

Con este fallo, en julio de 2023 la Secretaría de Economía canceló las concesiones otorgadas entre 2002 y 2008 a Almaden Minerals. Situación a la que se sumó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), verificando daños al medio ambiente y biodiversidad. Así como el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), por la vulneración del derecho de consulta a los pueblos y comunidades indígenas.

Tras esto, pobladores de Ixtacamaxtitlán señalaron que la empresa ya no tenía justificación legal para continuar sus actividades relacionadas con el producto minero. Por lo que exigieron evitar realizar “cualquier acto de intromisión en nuestro territorio”.

Por su parte, Almaden Mineral consideró que la decisión de la Secretaría de Economía, “no solo es un mensaje negativo para la industria minera, sino también para la certidumbre jurídica de la inversión en México”.