Un juez del distrito de Boston favoreció a seis de las ocho empresas fabricantes de armas a las que el gobierno de México denunció por su responsabilidad en el trafico ilegal de las armas hacía el país. La SRE señaló que el juez Dennis Saylor, desestimo la demanda sin analizar las pruebas.
El argumento del juez fue que la conexión entre las empresas demandadas con Massachuseetts, donde la SRE presentó la demanda, es mínima. Pues señaló que ninguna de las empresas Barrett Firearms Manufacturing; Colt’s Manufacturing Company; Century International Arms; y Beretta USA se encuentra en ese estado.
Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) precisó que mantendrán los litigios en Boston contra Smith and Wesson e Interstate Arms. Mientras que los casos de las otras seis empresas se mantendrán, pero analizan si presentan una apelación en la misma corte o recurren a otra. En ese sentido, reiteró que la decisión de juez no absuelve de su responsabilidad a los fabricantes de armas estadounidenses.
La SRE recordó que se trata de una estrategia de litigio amplia, la cual involucra al 70 por ciento de las armas ilegales que ingresan a México. Ya que, por este caso, también tiene una denuncia en contra de vendedores de armas en Tucson, Arizona Estados Unidos.
Allí, la juez federal Rosemary Márquez rechazó el pasado 26 de marzo el alegato presentado por las cinco empresas para desestimar la demanda. Lo que confirmó que las tiendas no gozan de inmunidad por sus practicas comerciales ilegales, de acuerdo con la SRE.
Empresas vendedoras de armas de EU aceptan responsabilidad
Mientras que el 23 de febrero, durante la audiencia inicial en Arizona, las propias tiendas aceptaron contribuir en el total de las armas traficadas ilegalmente a México. Sin embargo, minimizaron que sea en su totalidad y los daños que estos causan en el país.
Las tiendas demandadas son: Diamondback Shooting Sports; SNG Tactical, LLC; Loan Prairie, LLC a.k.a. The Hub Target Sports; Ammo A-Z, LLC; Sprague’s Sports.
Tan solo el 27 de junio pasado, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de SSPC, pidió a la Organización de Naciones Unidas (ONU) intervenir en el caso. Desde la tribuna, explicó que los cárteles de las drogas en México reciben armas de fuego producidas, transportadas y vendidas desde Estados Unidos.