La reciente declaración de inconstitucionalidad que elimina la Ley de la Industria Eléctrica publicada el 9 de marzo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, y que buscaba fortalecer a la empresa estatal CFE, es solo un eslabón más en la disputa por controlar la venta de energéticos en el país.
A continuación, recordamos, brevemente, las discusiones, análisis y controversias generadas en las recientes reformas eléctricas.
En abril de 2020, a días de haberse anunciada la pandemia de Covid-19, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), suspendió el otorgamiento de permisos de generación eléctrica a privados, priorizando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para, de ese modo, proteger a la empresa estatal a la vez de evitar el incremento de los costos por el confinamiento.
Para el 11 de enero de 2021, el gobierno de los Estados Unidos, encabezada entonces por Donald Trump, envió una carta al gobierno de México manifestando su preocupación en el sector energético. En ella señalaban que las iniciativas sobre los energéticos en el país, “ponen en peligro cientos de millones de dólares en inversiones estadounidenses”. Por lo que las medidas mexicanas “constituían potenciales violaciones al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”.
Reforma Eléctrica
La reforma que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en octubre de 2021, planteaba la modificación de los artículos 25, 27 y 28 Constitucionales, para asegurar el 54 por ciento de la generación de electricidad en el país para la CFE y permitía que las empresas extranjeras participaran en el 46 por ciento restante.
Esta fue analizada por especialistas del sector, investigadores, servidores públicos e instituciones que participaron en el Foro “La Reforma Eléctrica, un paso en la recuperación de nuestra soberanía energética” organizado por el Senado de la República el 20 de octubre.
Mientras que en la Cámara de Diputados se realizó un parlamento abierto del 17 de enero al 15 de febrero de 2022. En ella se realizaron 26 foros, de los cuales ocho fueron con comisiones de la cámara de diputados y ocho debates públicos, y participaron cientos de especialistas, servidores públicos y ciudadanos.
Respaldo ciudadano
En los foros, entre otros planteamientos, ciudadanos denunciaron que las llamadas “energías renovables”, que han sido impulsadas por Iberdrola en el Istmo de Tehuantepec, despojaron de sus tierras a comunidades enteras e, incluso, asesinaron a los opositores y defensores ambientales. También los participantes recordaron que la empresa Odebrecht impulsó la privatización de energéticos con la reforma del expresidente Enrique Peña Nieto, a través de sobornos millonarios a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos.
Desde ese foro, Ángel Balderas Puga, analista del sector energético, ya señalaba al Poder Judicial de la Federación de obstaculizar los intentos para regular y recuperar al sector; acusando, además, que sus resoluciones favorecían a empresas extranjeras. Por su parte, Juan Carlos Escalante Aguilar, coordinador de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, señaló que con esta reforma se revertían los daños que la privatización del sector había generado, por lo que la propuesta recuperaba un rubro fundamental para el desarrollo de la nación.
El Programa Nacional Estratégico en Energía y Cambio Climático (Pronaces ECC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), resaltó que la reforma eléctrica abrió la posibilidad de devolver a la nación la rectoría sobre un bien común indispensable, como lo es la electricidad. Para ello nutrió la reforma al ampliar la necesidad de tener un enfoque en el bienestar social, fortalecer la seguridad, eficiencia y soberanía energética, así como establecer una estrategia para la transición hacía un nuevo sistema energético.
Entreguismo energético
Sin embargo, en la cámara de diputados, con el voto en contra del grupo parlamentario del PRI, PAN y PRD, rechazaron todos estos argumentos al considerar que la reforma pone en desventaja a las empresas privadas, desconociendo la naturaleza estatal y, por lo tanto, común de la producción y consecuentes utilidades de la CFE.
Este discurso, repetido tanto por las empresas transnacionales, como por Estados Unidos y, reiteradamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha impedido asegurar la demanda de los mexicanos de proteger la soberanía energética. Sin embargo, aunque ya no sea una determinación constitucional, en la practica la CFE tiene la capacidad de producir el 65 por ciento de toda la energía eléctrica en México, tras la compra de 13 plantas privadas y la rehabilitación de las construidas por la estatal.
