Los diputados del PRI, PAN y PRD, a través de sus líderes de bancada, presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Ley de Amparo y la Ley de Amnistía promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Luego de que el pasado 14 de junio se publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las bancadas del Prian impugnaron estas leyes. Fue a través de sus coordinadores, Rubén Moreira Valdez, del PRI, Jorge Romero Herrera, del PAN y Javier Huacus Esquivel, del PRD que van contra las reformas aprobadas por más de 250 votos a favor y más de 210 en contra en la Cámara de Diputados.
De acuerdo con estos legisladores, la Ley de Amparo impide a los jueces actuar contra las acciones de las autoridades, aunque estás afecten el interés de la sociedad. Mientras que la Ley de Amnistía, señalaron, esta impide a los Tribunales emitir sentencias en favor de las víctimas del delito.
La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Amparo el pasado 24 de Abril con los votos a favor de Morena, PT y PVEM. Con ella, buscan limitar las resoluciones emitidas por jueces y magistrados, especialmente cuando se trata de suspensión de leyes aprobadas por los congresos.
En tanto que la Ley de Amnistía, faculta al titular del Ejecutivo a liberar o indultar a personas en casos que sean “relevantes para el Estado” de manera directa. Con ellas, el presidente López Obrador consideró que podría hacerse uso de ellas para resolver casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
¿Por qué impugnan la Ley de Amparo y de Amnistía?
Los legisladores del PRI, PAN y PRD expusieron que la reforma a la Ley de Amparo implica que este recurso deje de ser efectivo para defender los derechos de los ciudadanos. Afirmaron que, con ella, se impide que los jueces suspendan leyes, decretos y reglamentos, cuando estos afecten los derechos humanos.
Mientras que la reforma a la Ley de Amnistía, señalaron, viola el derecho de acceso a la justicia y a la reparación del daño a las víctimas. Además, aseguraron que con ella se “genera impunidad” y proporciona a la autoridad una “herramienta de persecución política”, pues para que esta ley aplique, es necesario que el acusado “incrimine a alguna tercera persona”.