El Congreso de Aguascalientes aprobó una iniciativa del PAN para reducir de 12 a 6 semanas de gestación el plazo para realizar una interrupción legal del embarazo. La reforma la presentó la gobernadora Teresa Jiménez Esquivel contra el fallo de la SCJN para despenalizar el aborto.
Fue con el voto de 14 diputados del PAN y uno por cada bancada del PVEM, PRI, MC, Morena y PT que sumaron un total de 19 de votos a favor de la iniciativa. Mientras que dos diputados de Morena, dos del PRD y uno del PVEM que solo emitieron 5 votos en contra de la iniciativa.
Misma que establece de tres a seis meses de cárcel y de 600 a mil días de multa a quienes realicen un aborto después de las seis semanas. También penaliza con un año de prisión y dos mil días de multa al personal médico y parteras que realicen el procedimiento.
Indica además que deberán asignarse dos trabajadores de la salud para verificar que el “aborto espontaneo” realmente fue involuntario. La ley elimina el concepto de “personas gestantes” y las causales de riesgo a la vida y la salud consideradas en la legislación federal.
Al respecto, el diputado de Morena, Juan Carlos Regalado, calificó de una “vergüenza” a la Legislatura por no respetar los derechos humanos. Sin embargo, previó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echará para atrás la reforma. Esto, ya que el 30 de agosto de 2023, declaró inconstitucional la prohibición del aborto en la entidad y en enero de 2024 ordenó su despenalización.
Regresión al derecho al aborto en Aguascalientes
Organizaciones feministas se pronunciaron en contra de la reforma al considerarla “un retroceso sin precedentes en la garantía del derecho al aborto”. Advirtieron que la ley pone en riesgo la salud y autonomía de las niñas, adolescentes, mujeres, hombres trans y personas no binaries.
Mientras que Católicas por el Derecho a Decidir señaló que la aprobación de la reforma es parte de la resistencia de la clase política conservadora. Mismos que, recordaron, se oponen históricamente a los derechos de las mujeres, especialmente los reproductivos.
En ese sentido, coincidieron que es una restricción a la salud integral y del desconocimiento al derecho de las mujeres y personas gestantes para tomar decisiones.