La reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar la estructura organizativa del Poder Judicial debe garantizar que no haya “dedazos”. Y es que una de las propuestas que jueces, magistrado y ministros sean electos por “el pueblo”.
Sin embargo, esta ley pone en duda quiénes y cómo se llegará a ser candidato para presidir algún cargo de este en el Poder Juncial. Es decir, la idea de modificar el número de magistrados, jueces y ministro, así como la duración en el cargo, es una parte, más no el fondo.
De aprobarse la reforma, en 2025 para renovar a los 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); 13 del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación (Tepjf); y 5 de una nueva instancia que se llamará Tribunal de Disciplina Judicial (el cual sustituye al Consejo de la Judicatura).
De estos:
- 10 sería propuestos por el presidente
- 10 por la SCJN
- Y 10 por el Poder Legislativo
Estos candidatos harán campaña y tendrás debates para que la ciudadanía conozca los perfiles. La narrativa que ocupa la oposición es que esto pone en duda a quienes ocuparían estos cargos, porque “podría ganar el más popular y no el mejor preparado”.
Sin embargo, esos argumentos se invalidan, pues el texto enviado al Congreso de la Unión viene que quién desee aspirar tendrá que tener mínimo 5 años de experiencias en el ámbito judicial. Lo que si preocuparía es que se priorice la “lealtad” política, por encima de la sed de justicia.
En los estados se renovarán mil 688 magistrados y jueces de distrito, para ello serán las instancias locales las instancias locales las que se encarguen de manejas dicho proceso. Para ello, también depende la armonización en Ley para que se pueda llevar a cabo.
Algo importante es que para 2027 en las 32 entidades tendrán que tener actualizada la ley y comenzar con los procesos de democratización de este poder.
Conciliar entre poderes es el reto, pero también se necesita limpiar las escaleras en este ámbito que se ha creado fama de favorecer a presuntos criminales o garantizar la impunidad.